Avanza la judicialización de la protesta en Córdoba
La Voz del Interior presentó un pedido de exclusión de tutela sindical para los dirigentes del Cispren. El embate jurídico de esta empresa -propiedad del Grupo Clarín- contra el Cispren comenzó luego de una protesta por aumento salarial realizada frente a la sede del diario el pasado 29 de junio, cuando el fiscal Javier Praddaude -a instancias de una denuncia de La Voz del Interior- imputó a Dreizik, Moyano, Víctor Beccaría (secretario Gremial) y Daniel Klocker (editor Prensared, la agencia de noticias del Cispren) por presunta violación del artículo 194 del Código Penal, que reprime con prisión de tres meses a dos años a quien “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”. No conforme con su acometida por la vía penal, esta vez la empresa acudió a Tribunales con un pedido de exclusión de tutela sindical, lo que tal como fue denunciado por el gremio ante la delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación el pasado viernes 27 constituye “un nuevo e ilegítimo intento de judicializar el reclamo salarial y las medidas de acción que el sindicato formula en ejercicio de la libertad sindical y en abierta violación de las garantías constitucionales de la materia, por lo que formula las reservas legales a las prácticas desleales producidas”. En la misma audiencia, el Cispren planteó la correlativa “subsistencia de actitudes intimidatorias en algunas empresas que conspiran contra la negociación”. En particular, se dejó constancia del “intento de impedir la realización de asamblea en el diario Día a Día (que también pertenece al Grupo Clarín), con amenaza de descuento de salarios y la pretensión de autoatribuirse facultades para calificar unilateralmente como medidas de fuerza dicha reunión por parte del representante paritario de El Cispren expresa su rechazo a esta política de acoso jurídico y laboral a los trabajadores de prensa y sus representantes gremiales, que revela el autoritarismo patronal y la intención de desviar el eje de discusión de la ostensible realidad de que mientras perciben ganancias extraordinarias pagan salarios de hambre
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