El derecho de todos los habitantes a conocer las acciones que se realizan en los distintos niveles de gobierno es un presupuesto que no debiera necesitar muchas explicaciones. Sin embargo, el contar con una ley en la materia sigue siendo una deuda de la democracia a nivel del gobierno nacional y también en el ámbito de la provincia de Santa Fe. Aquí, durante muchos años, un grupo de legisladores -para ser justos, el bloque de senadores justicialistas-, puso todas las trabas imaginables para que la norma no se aprobara o para que el derecho quedara limitado y el texto fuera, en definitiva, la negación de la que es una de las condiciones esenciales de la democracia.
El 28 de septiembre es el Día Internacional del Derecho al Saber. Esa fecha quedó fijada a partir del encuentro internacional de organizaciones no gubernamentales encargadas de promover el acceso a la información que se realizó en Sofía (Bulgaria), en 2002, cuando también se creó la Red de Defensores del Acceso a la Información (Freedom of Information Advocates, FOIA por sus siglas en inglés).
Ante otro Día Internacional del Derecho al Saber, esta Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional del Sindicato de Prensa Rosario, que a la vez forma parte de la Comisión Nacional en la materia y que funciona en el marco de la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (FeTraCCom), de la Central de Trabajadores de la Argentina, recuerda que el acceso a la información en poder del Estado -Ejecutivo, Legislativo, Judicial-, es un instrumento vital para el desarrollo de las sociedades.
El desarrollo invocado fortalece la democracia, promueve la justicia en el ámbito socioeconómico y es necesario para prevenir los abusos contra los derechos humanos por parte de los agentes de los gobiernos en todos sus niveles. También para garantizar la existencia de recursos efectivos a través de la formación de opinión y la construcción de debates que partan de contar con elementos y conocimientos para llevarlo adelante.
Una ley de acceso a la información pública, que en el Congreso Nacional tuvo un derrotero de objeciones y manipulaciones hasta que perdió estado parlamentario en más de una oportunidad, es además una de las garantías fundamentales de la democracia constitucional por cuanto asegura la transparencia en las actuaciones estatales, a la vez que permite monitorear y controlar la gestión pública, y posibilita la participación ciudadana en los asuntos públicos.
La provincia de Santa Fe no cuenta con una ley en materia porque, como ya se dijo, el bloque de Senadores Justicialistas boicoteó en reiteradas oportunidades las sucesivas medias sanciones que dieron los diputados a los varios proyectos sobre el tema que contaban con la adhesión ciudadana porque no imponían ningún tipo de restricciones. En tanto, la Cámara Alta quedó a expensas -y así todos los santafesinos- del ideólogo del oscurantismo y la limitación democrática, el ex senador Raúl Gramajo Benavídez. La situación actual es también complicada porque existe una media sanción al proyecto apoyado por todos los diputados y otra media sanción en senadores que si bien ya no invoca el "interés legítimo" de Gramajo, continúa poniendo limitaciones al ejercicio del derecho.
Desde esta Comisión saludamos que el gobernador Hermes Binner piense en hacer efectivo este derecho pero lamentamos que esto se deba realizar a través de un decreto que será válido sólo para el ámbito del Poder Ejecutivo, porque esta muestra de decisión política no es suficiente para garantizar el conocimiento de las acciones de los otros poderes, legislativo y judicial.
Por último, hay que señalar que para que un derecho pueda ser ejercido necesita ser conocido. Por tanto cualquier iniciativa requiere ser acompañada de una muy profunda campaña de difusión y hasta puede decirse de educación participativa, la única forma posible de mejorar la calidad democrática.