Santa Fe necesita de la ley de acceso a la información pública

Prensa Rosario saluda la decisión del gobernador Hermes Binner de firmar un decreto en la materia y señala la necesidad de que sea conocido por todos los santafesinos. Sigue pendiente la normativa que abarque a los tres poderes del Estado provincial

El derecho de todos los habitantes a conocer las acciones que se realizan en los distintos niveles de gobierno es un presupuesto que no debiera necesitar muchas explicaciones. Sin embargo, el contar con una ley en la materia sigue siendo una deuda de la democracia a nivel del gobierno nacional y también en el ámbito de la provincia de Santa Fe. Aquí, durante muchos años, un grupo de legisladores -para ser justos, el bloque de senadores justicialistas-, puso todas las trabas imaginables para que la norma no se aprobara o para que el derecho quedara limitado y el texto fuera, en definitiva, la negación de la que es una de las condiciones esenciales de la democracia.

El 28 de septiembre es el Día Internacional del Derecho al Saber. Esa fecha quedó fijada a partir del encuentro internacional de organizaciones no gubernamentales encargadas de promover el acceso a la información que se realizó en Sofía (Bulgaria), en 2002, cuando también se creó la Red de Defensores del Acceso a la Información (Freedom of Information Advocates, FOIA por sus siglas en inglés).

Ante otro Día Internacional del Derecho al Saber, esta Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional del Sindicato de Prensa Rosario, que a la vez forma parte de la Comisión Nacional en la materia y que funciona en el marco de la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (FeTraCCom), de la Central de Trabajadores de la Argentina, recuerda que el acceso a la información en poder del Estado -Ejecutivo, Legislativo, Judicial-, es un instrumento vital para el desarrollo de las sociedades.

El desarrollo invocado fortalece la democracia, promueve la justicia en el ámbito socioeconómico y es necesario para prevenir los abusos contra los derechos humanos por parte de los agentes de los gobiernos en todos sus niveles. También para garantizar la existencia de recursos efectivos a través de la formación de opinión y la construcción de debates que partan de contar con elementos y conocimientos para llevarlo adelante.

Una ley de acceso a la información pública, que en el Congreso Nacional tuvo un derrotero de objeciones y manipulaciones hasta que perdió estado parlamentario en más de una oportunidad, es además una de las garantías fundamentales de la democracia constitucional por cuanto asegura la transparencia en las actuaciones estatales, a la vez que permite monitorear y controlar la gestión pública, y posibilita la participación ciudadana en los asuntos públicos.

La provincia de Santa Fe no cuenta con una ley en materia porque, como ya se dijo, el bloque de Senadores Justicialistas boicoteó en reiteradas oportunidades las sucesivas medias sanciones que dieron los diputados a los varios proyectos sobre el tema que contaban con la adhesión ciudadana porque no imponían ningún tipo de restricciones. En tanto, la Cámara Alta quedó a expensas -y así todos los santafesinos- del ideólogo del oscurantismo y la limitación democrática, el ex senador Raúl Gramajo Benavídez. La situación actual es también complicada porque existe una media sanción al proyecto apoyado por todos los diputados y otra media sanción en senadores que si bien ya no invoca el "interés legítimo" de Gramajo, continúa poniendo limitaciones al ejercicio del derecho.

Desde esta Comisión saludamos que el gobernador Hermes Binner piense en hacer efectivo este derecho pero lamentamos que esto se deba realizar a través de un decreto que será válido sólo para el ámbito del Poder Ejecutivo, porque esta muestra de decisión política no es suficiente para garantizar el conocimiento de las acciones de los otros poderes, legislativo y judicial.

Por último, hay que señalar que para que un derecho pueda ser ejercido necesita ser conocido. Por tanto cualquier iniciativa requiere ser acompañada de una muy profunda campaña de difusión y hasta puede decirse de educación participativa, la única forma posible de mejorar la calidad democrática.

Rosario, 26 de septiembre

Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional

Sindicato de Prensa Rosario

Comisión Nacional de Libertad de Expresión y Formación Profesional

FeTraCCom- CTA

FOCOS y el SPR solicitaron que los periodistas sean tratados de igual modo que las empresas periodísticas

El Foro de Comunicación Santafesino (FOCOS) y el Sindicato de Prensa de Rosario solicitaron al gobierno provincial que los periodistas que, debido a la índole específica de su labor, precisen utilizar la facturación sean tratados de igual modo que las empresas de medios de comunicación.

Dicha solicitud se inscribe en el marco de la reforma tributaria impulsada por el Poder Ejecutivo.

En efecto, en el proyecto oficial los medios de comunicación están exentos del pago del impuesto a los ingresos brutos. El criterio se argumenta desde la necesidad de promover la pluralidad informativa y el fortalecimiento de las tareas de la prensa local. Dentro de esta línea, y aplicando evidentes razones de tratamiento equitativo resulta claro que esto mismo debe aplicarse no sólo a las empresas periodísticas sino también a los periodistas que lo requieran.

En función de esta necesidad desde hace ya bastante tiempo hemos venido desarrollando intensas gestiones ante funcionarios provinciales y legisladores para incorporar este criterio.

Las gestiones realizadas se encuentran encaminadas en virtud de la existencia de un consenso para avanzar en esta dirección.

Los mártires de San Patricio

El 4 de julio de 1976, en el barrio de Belgrano R en Buenos Aires, tres monjes y dos seminaristas de la comunidad de los palotinos eran asesinados por un grupo de tareas de la dictadura militar. Muchos años después, el periodista Eduardo Kimel investigó los hechos y escribió un libro. Pero curiosamente él sería el único condenado por la querella que le interpuso el juez de la causa. Ahora la Corte Interamericana falló a su favor y Kimel estuvo en Rosario esta semana para contar la historia una vez más. Por Alicia Simeoni.

Un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se expidió por la defensa de la libertad de expresión podrá ser invocado tanto por quienes se desempeñan en el trabajo periodístico, como por todas las personas que sean penalizadas por dar a conocer una información, o emitan una opinión, que tenga que ver con el interés público, y más aún cuando en ellas están involucrados funcionarios públicos. El fallo se dio en el expediente en el que se juzgaba a un periodista que había sido condenado por la Justicia argentina. Se trata del caso de Eduardo Kimel, autor del libro "La masacre de San Patricio", que narra la matanza de tres monjes y dos seminaristas de la comunidad de los palotinos, en el barrio de Belgrano R, en Buenos Aires, en 1976, a manos de un grupo de tareas de los que actuaron en la dictadura militar.

Kimel estuvo en Rosario el miércoles invitado por el Sindicato de Prensa Rosario para hablar de la proyección que adquiere la decisión tomada por el sistema interamericano de Justicia del que forman parte todos los países firmantes de los pactos y tratados internacionales que lo constituyen, para el caso la Argentina. La Corte Interamericana que tiene sede en San José de Costa Rica condenó, además, al Estado nacional a modificar su legislación para que con ella no se afecte, otra vez, los derechos del informador y del informado. Kimel había sido querellado por el juez Guillermo Rivarola, que actuó en la investigación del crimen de los palotinos, condenado a un año de prisión en suspenso y a pagar una indemnización al magistrado de $ 20.000, en tanto el Tribunal interamericano también señaló que los funcionarios públicos deben ser tolerantes frente a la crítica de sus actos de gobierno.

También el miércoles se proyectó en el teatro de Radio Nacional Rosario del documental 4 de Julio —día en que mataron a los palotinos—, de los realizadores Juan Pablo Young y Pablo Zubizarreta. Kimel se reunió con otros periodistas en la sala "Rodolfo Scholer" de la Librería Homo Sapiens, mientras que por la tarde lo hizo con estudiantes de periodismo y comunicación social de Rosario, con representantes de organizaciones de derechos humanos, sindicales, profesionales y con el público interesado en el tema: La libertad de expresión concebida como un derecho humano y su investigación sobre la persecución a una parte de la Iglesia Católica, la que pretendía una institución más comprometida con los padecimientos de los sectores más desposeídos de la sociedad.

En 1989 Eduardo Kimel publicó "La masacre de San Patricio" y hacia fines de 1991 comenzó la querella judicial del juez Rivarola, integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones, quien tomó esa decisión por un breve párrafo que se le dedica en el libro en el que se describe que no cumplió con sus deberes de funcionario público, y más aún, que de alguna manera, actuó como un encubridor del quíntuple asesinato. En 1995 la jueza Angela Braidot sacó el primer dictamen en relación con este caso, y entendió que Kimel había cometido el delito de injurias, por lo que lo condenó a un año de prisión en suspenso y a pagarle, a Rivarola, una indemnización de 20.000 pesos. Un año después, en 1996, la Cámara Nacional de Apelaciones, de la que Rivarola era integrante, falló a través de la sala tercera y de manera unánime resolvió la absolución, al considerar que la crítica que Kimel había realizado al juez, en el marco del libro, "no constituía ni injuria ni calumnia y que se podía tomar, como una crítica justa a la actuación de los jueces de la dictadura, que muchas veces fueron funcionales a la represión desarrollada por la dictadura militar", recordó el periodista.

Ya en 1998 la Corte Suprema, "aquella tristemente célebre de la mayoría automática", dijo Kimel en diálogo con Rosario/12, revocó ante la presentación de un recurso extraordinario por parte de Rivarola, el fallo de absolución y ordenó que el caso volviera a la Cámara Nacional de Apelaciones y la Sala Cuarta, en abril del año siguiente, al tener en cuenta los criterios establecidos por la Corte Suprema, lo condenó, por el delito de calumnias, a un año de prisión en suspenso y a pagarle a Rivarola el monto citado. Continuó luego la presentación de un recurso extraordinario ante la CSJ que lo rechazó, por cuanto no quedaba otra instancia que recurrir al sistema interamericano internacional, del que la Argentina es miembro y firmante, ya que suscribió la llamada Convención Interamericana de Derechos Humanos que se conoce también como Pacto de San José de Costa Rica que establece en su artículo 13º que la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales que lo integran. De allí en más comenzó la etapa internacional del proceso que tuvo al periodista y escritor Eduardo Kimel como protagonista "con costos personales y profesionales muy altos", tal como él mismo lo explicó. La presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo a cargo del equipo de abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS. "La percepción respecto del sistema interamericano de derechos humanos fue creciendo, en los últimos años, en la sociedad y a la luz de distintos fallos y de la intervención de los tribunales que constituyen el sistema. Había que cumplir con dos requisitos para llegar hasta allí -explicó Kimel-, uno, haber agotado las instancias de carácter nacional para obtener justicia, y aquí era imposible continuar, y el segundo aspecto era que se denunciara la violación de derechos fundamentales consagrados en el sistema legal de protección de derechos humanos". La denuncia estaba sustentada en la violación de dos artículos, el 13º ya invocado, y otro artículo, el 8-1, que establece que los plazos en que deben ser juzgadas las personas "tienen que ser razonables, y que si no es así, ya constituye un agravio, un perjuicio para quienes son querellados". La CIDH tomó el caso y lo declaró admisible.

-Y de ahí en más ¿cómo se analizó el alcance del dictamen de la Comisión para tratar que la Argentina modificara la legislación que penaliza el acto de libertad de expresión?

-La Comisión expresó que se habían violado los principios elementales enunciados en los artículos 13º y 8º. El gobierno argentino aceptó los criterios de la CIDH y pidió plazo para tomar medidas que permitan anular la condena penal cuando está en juego el derecho a la información, pero lamentablemente el Estado no cumplió con los pasos prefijados por cuanto la Comisión se convirtió, de inmediato, en mi patrocinante y llevó el trámite ante la última instancia, la Corte Interamericana cuya sede es San José de Costa Rica. En el último tramo la Corte llamó a una sesión especial en Bogotá, en octubre de 2007, con el objetivo de recabar testimonios de las personas que pudieran aportar sobre el caso y el Estado ofreció un acuerdo definitivo para este largo proceso judicial donde reconoció su responsabilidad en la violación de los artículos mencionados. Se hizo la sesión especial, y antes de comenzarla, el gobierno argentino, el CELS y la Comisión Interamericana firmaron un acuerdo, el que fue la base de la decisión final, del fallo, que en mayo pasado fue a tomar la Corte.

-Ese fallo no sólo tiene en cuenta aspectos que lo benefician o le brindan un resarcimiento personal. También aborda criterios del orden de lo colectivo...

-La Corte estudió el tema y finalmente dio su veredicto, el 2 de mayo pasado, cuando ordenó al Estado argentino el cumplimiento de una serie de medidas. En el terreno de lo personal se pidió la anulación de la condena penal y de todos los daños y consecuencias emergentes de esa condena penal, tal la eliminación del registro de antecedentes policiales. Estableció también una reparación de orden económico con un valor de resarcimiento de daños materiales e inmateriales. Además exigió que el gobierno realice un acto de desagravio de mi nombre, con carácter público. En el plano de lo colectivo, se tomó como antecedente el reclamo formulado ante las diversas presentaciones por el CELS y la Comisión, y también aquella audiencia de Bogotá, donde se reclamó la modificación del sistema legal. La idea es que existan garantías para cualquier ciudadano con la finalidad de que no se repitan estas situaciones. La Corte avanzó sobre este tema, y en sus consideraciones, reiteró algunos conceptos fundamentales, ya que se trata de un fallo que tiene incidencia en la actividad judicial en la Argentina, y por tanto, tendrá relevancia en cualquier caso que exista, o que pudiera existir. Hay buen principio que se reiteró, y es que los funcionarios públicos deben ser tolerantes frente a la crítica de sus actos de gobierno. Los jueces creen, en algunos casos, que los suyos no son actos de gobierno y lo son. También se expresó que la opinión en el marco de los asuntos de 'interés público' no es punible. Por último, se planteó la modificación del sistema legal argentino de modo que hechos como los que me sucedieron no se vuelvan a repetir.

-El fallo deja algunos espacios dudosos, para que las tensiones entre libertad de expresión y derecho al honor se diriman en el fuero penal.

-El fallo de la Corte constituye un avance, aunque no todo el que hubiéramos querido, porque el norte de la actividad del CELS en el terreno de la libertad de expresión, es la demanda de la despenalización absoluta de la crítica a los funcionarios públicos. Lamentablemente, la Corte Interamericana, en parte de su fallo, reiteró que en la vieja colisión y tensión entre dos intereses importantes -la libertad de expresión y el derecho al honor-, el fuero penal sigue siendo apropiado para dirimir estas cuestiones. No logramos el avance total, porque hay magistrados dentro de la Corte que se resisten a conceder un ámbito de absoluta libertad de periodistas y ciudadanos. De todos modos, dos países latinoamericanos ya despenalizaron estas figuras, justamente cuando está en juego el debate de ideas, de responsabilidades y el ejercicio de la democracia. Se trata de Méjico y El Salvador.

-¿Qué hizo la Argentina desde que se conoció la decisión de la Corte Interamericana?

-Tuve dos audiencias con la Cancillería donde se estableció el seguimiento de lo ordenado por la Corte. Esas órdenes son de carácter obligatorio aunque la CIDH no tiene formas coercitivas de lograr el cumplimiento. Hay avances en el terreno de lo personal: me llamaron del Ministerio de Economía para dar cumplimiento al depósito de la reparación económica, se dieron instrucciones al Ministerio del Interior para que se me quiten los antecedentes de orden policial y migratorio, es decir que debía pedir permiso a un juzgado para salir del país. En lo fundamental no hay todavía un criterio único sobre la eliminación de la condena penal que está atada, o no, a la modificación de la legislación. Los representantes de Cancillería dijeron en la última reunión que habían mandado a la Corte Suprema de Justicia una explicación del caso. Se le pidió a la CSJ que lo analice y se expida acerca de con qué recurso se podría cumplir con la anulación de la condena penal. Esto, según el planteo, sin necesidad de modificación de la ley. En la Argentina no está reglamentado de qué manera se aplican las decisiones de la Corte Interamericana.

Fuente: Rosario 12.

Conflicto en el diario El Ciudadano

Los trabajadores del diario El Ciudadano & la Región informamos a la opinión pública que en la mañana de hoy (viernes 11/07/08) nos constituiremos en el Ministerio de Trabajo para denunciar algunas de las innumerables irregularidades de nuestra situación laboral, entre ellas la falta de pago de los meses de mayo y junio, además del aguinaldo correspondiente.

Estas irregularidades se vienen arrastrando con diversos matices relacionados con las condiciones de trabajo y la falta de aportes previsionales, cuota sindical y obra social, que alcanzaron un monto millonario en estos casi diez años de vida del diario.

Desde el inicio mismo de este medio de comunicación, los trabajadores hemos acompañado este proyecto. Hemos demostrado tolerancia para sostener nuestra fuente de trabajo y hemos contribuido a la existencia de otro canal de comunicación, aportando al ejercicio de los derechos de libre acceso a la información y libertad de expresión de la comunidad y a la pluralidad de voces, componentes indispensables para el funcionamiento de toda sociedad democrática más allá de los vaivenes empresariales.

A partir de los repetidos incumplimientos en los pagos salariales, la situación se ha tornado insostenible para las familias de los casi cien empleados de El Ciudadano. Por lo tanto, después de agotar diversas instancias de diálogo, nos hemos declarado en estado de alerta y movilización y asamblea permanente en vistas de sostener nuestra fuente de trabajo.

Defender la democracia

Manifiesto de trabajadores de prensa de Rosario alrededor del conflicto agropecuario.

Frente a los difíciles momentos que atraviesa la Nación, los trabajadores de prensa abajo firmantes creemos necesario expresar:

1) La defensa de la democracia no se declama, se practica; y practicar hoy la defensa de la democracia es, antes que nada, instar a quienes persisten en bloquear rutas y provocar desabastecimiento a deponer esa actitud, que a esta altura de los acontecimientos resulta claramente golpista y se transforma en el principal escollo para la reanudación de un diálogo que permita superar el conflicto que estamos atravesando.

2) Independientemente de las opiniones que se tengan respecto de sus propuestas y acciones, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es democrático y popular, por lo que repudiamos todas las expresiones en contra de su continuidad, particularmente las que provienen de periodistas que se creen dueños de la verdad y hacen un método de la descalificación autoritaria de quienes piensan distinto.

3) El mejor modo de dirimir las evidentes diferencias de criterios y pujas de intereses que hoy se manifiestan en la sociedad es a través de los mecanismos previstos por la democracia, a través de elecciones y merced al funcionamiento pleno de las instituciones.

4) Creemos que los medios de comunicación tienen, en tanto empresas periodísticas, además del derecho a sostener y expresar una determinada línea editorial, tres responsabilidades insoslayables en el marco de un sistema democrático:

a) El acatamiento irrestricto de los mecanismos institucionales que le dan legitimidad a los gobiernos surgidos del voto soberano del pueblo, sin menoscabar las investiduras e instituciones.

b) Garantizar la difusión plural de hechos, ideas y opiniones.

c) Garantizar la libertad de expresión de sus trabajadores, sin presiones ni represalias.

*Firmas al 24 de junio, a las 14:*

1) Juan Pablo Sarkissian Diario El Ciudadano

2) Luciano Couso Diario El Ciudadano

3) Ernesto Avila Diario El Ciudadano

4) David Narciso Diario El Ciudadano

5) Pablo Bilsky Diario El Ciudadano

6) Guillermo Griecco Diario El Ciudadano

7) Manolo Robles Diario El Ciudadano

8) Daniel Schreiner Diario El Ciudadano

9) Juan Emilio Basso Periódico El Eslabón

10) Pablo Kassabian Radio LT3

11) Gustavo Poles Radio 2

12) Horacio Çaró Periodista Instituto del Paraná

13) Sergio M. Naymark Diario La Capital

14) Alfredo Montenegro Diario La Capital

15) Domingo Celsi Diario La Capital

16) Carlos Colombo Diario La Capital

17 Eduardo Valverde Diario La Capital

18) Miguel Pisano Diario La Capital

19) Eduardo Caniglia Diario La Capital

20) Leo Graciarena Diario La Capital

21) Hernán Lascano Diario La Capital

22) Juane Lafuente

23) Andrés Abramowski Diario La Capital

24) Horacio Fandiño (Dachi) Diario La Capital

25) Jorge Kaplan Diario La Capital

26) Carina Bazzoni Diario La Capital

27 Diego Veiga Diario La Capital

28) SIlvina Dezorzi Diario La Capital

29) Laura Vilche Diario La Capital

30) Matías Loja Diario La Capital

31) Marcela Isaías Diario La Capital

32) Ángel Loto Diario La Capital

33) Ubaldo Mauro Diario La Capital

34) Lisy Smiles Diario La Capital

35) Ariel Etcheverry Diario La Capital

36) Sergio Faletto Diario La Capital

37) Alejandro Cachari Diario La Capital

38) Álvaro Torriglia Diario La Capital

39) Patricia Martino Diario La Capital

40) Gustavo Conti Diario La Capital

41) Sandra Cicaré Diario La Capital

42) María Laura Cicerchia Diario La Capital

43) Carlos Vallejos Diario La Capital

44) José Luis Cavaza Diario La Capital

45) José Osvaldo Dalonso Instituto del Paraná

46) Jorge Ramírez Docente periodismo

47) Marcos Vizcarra Periodista

48) Hugo Cravero elurbanodigital.com <http://elurbanodigital.com>, El Urbano

(Granadero Baigorria)

49) Daniel F. Barrios Prensa Secretaría de Derechos Humanos

50) Clemente Gómez Grandoli – FM Universidad 103.3

51) María Piuma, Periodista Granadero Baigorria

52) Ricardo Guercetti, sec. intendente de Carcarañá, Mauro Decándido

53) Daniel Aristizabal - FM Tango Rosario; Red TL Rosario

54) Fouquet Gisela FM Tango Rosario

55) Alicia Simeoni, secretaria adjunta Sindicato de Prensa Rosario

56) Stella Hernández, secretaria gremial Sindicato de Prensa Rosario

57) Andrés Conti, El Ciudadano

58) Oscar Martino, FM Latina, periódico LATINO

59) Juan Barrientos, FM Latina

60) Mauricio Landriel Radio 10, Radio Nacional, Radio la Deportiva

61) Abel Pistritto, LT29 Venado Tuerto

62) Cristina Rosolio, Diario La Guía Regional

63) Pablo Salinas, Diario El Informe

64) Isolda I. Baraldi Diario La Capital

65) Jorge Brisaboa, De esto SI se habla, Multicanal y Cablevisión

66) Atilio Pravisani - Parlamento Web- Santa Fe

67) Gerardo Rico, diputado provincial

68) Lalo Puccio, Gente y Trabajo

69) Oscar Bertone, director periodístico Rosario Express

70) Pablo Makovsky, El Ciudadano

71) Claudio Berón La Capital

72) Gabriel Zuzek, periodista

73) Silvina Tamous El Ciudadano

74) Aldo Marinozzi, Veintitrés

75) Leandro Arteaga - Rosario/12

76) Claudio de Moya, El Ciudadano, Radio Universidad

77) Chachi Verona, La Capital

78) Vanina Cánepa, Radio Universidad

79) Ileana Carrizo, Radio Universidad

80) Andrea Colman, Agente de prensa

81) Gerardo Martínez Lo Ré, Radio Universidad

82) Claudio Didoli, LT8 Radio Rosario

Repudio a las amenazas contra una periodista

Se trata de Andrea San Esteban, quien radicó la denuncia en la fiscalía Nº 8.
La Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del SINDICATO DE PRENSA ROSARIO expresa su repudio y profunda preocupación por la amenaza denunciada por la periodista ANDREA SAN ESTEBAN en la madrugada del 24 de enero pasado, cuando se dirigía a su domicilio luego de una reunión de trabajo. En ese momento un hombre le dijo: "Te vamos a matar en el cuarto". El tenor de la expresión fue llevado ante los Tribunales Provinciales de Rosario y hace relacionar ese hecho con el trabajo de la periodista con quien expresamos total solidaridad.

Andrea San Esteban -quien actualmente se encuentra trabajando en LT8 y realizó colaboraciones en el último mes en el diario "Rosario/12" - radicó hoy una denuncia ante la fiscalía Nº 8 a cargo de Liliana Di Taranto. Allí narró que alrededor de las dos de la mañana del pasado día 24 y cuando salía de una reunión en calle Mendoza, entre España e Italia, se le acercó un hombre por detrás suyo y le dijo: "Te vamos a matar en el cuarto". Agregó que la persona que se le acercó "era obesa, tenía cara redonda, bigotes anchos y oscuros", llevaba anteojos del tipo 'Rayban' y tenía aproximadamente unos 50 años. Horas después, alrededor de las 12 del mediodía, San Esteban vio al mismo hombre en un automóvil Dodge 1500 estacionado en la esquina de Italia y San Luis. Y así lo denunció ante la Justicia.

La amenaza a la periodista San Esteban se produce mientras realiza una serie de notas de investigación sobre "un centro clandestino en Granadero Baigorria". Como expresamos reiteradamente, las agresiones hacia los periodistas tienen como objetivo amedrentarlos y tapar sus ojos para que de esa manera la información no llegue a la sociedad, destinataria y auténtica dueña de la misma.

Por lo expresado, comprometemos toda nuestra atención y seguimiento del caso; pedimos la investigación judicial correspondiente y hacemos un llamado a todos los sectores e instituciones de nuestro pueblo con quienes caminamos y nos expresamos juntos en la condena al terror, en la construcción de la memoria y del tejido social que impidan que se reaviven las llagas atroces que alientan los personeros de la muerte.

Repudio a la restricción de acceso de periodistas al Concejo por un grupo de manifestantes

Varios periodistas sufrieron agresiones el último viernes en Rosario.

La Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario expresa su preocupación ante la agresión que sufrieron este viernes los periodistas de distintos medios de comunicación que habían asistido al Concejo municipal para cubrir la sesión y no pudieron ingresar porque un grupo de manifestantes que estaban repudiando la decisión de aumentar el boleto de transporte se lo impidieron.

Según relataron a esta comisión algunos de los trabajadores de prensa que concurrieron al Concejo, no pudieron ingresar al edificio porque un grupo de personas nucleadas en el movimiento Cuba –MTR les negaron el paso. Alrededor de 20 manifestantes que se encontraban en la puerta del Palacio Vasallo adujeron que si ellos no podían acceder tampoco lo harían los periodistas, por lo que se produjeron discusiones y hasta forcejeos. Finalmente ninguno de los medios presentes pudo entrar al recinto a cubrir la sesión, en la que se votó el aumento de la tarifa del transporte urbano.

Desde este espacio del SPR repudiamos la actitud de impedir a los trabajadores de prensa el ingreso al Concejo ya que no sólo coarta el libre desarrollo de su tarea sino la posibilidad de que a través de los datos recolectados la ciudadanía ejerza su derecho a tomar conocimiento de los acontecimientos que hacen a la vida democrática.

La libertad de expresión y el derecho humano a la información son patrimonio de todos los ciudadanos y no de un grupo o sector –ya pertenezca al Estado o a la sociedad civil- que puede decidir cuando, dónde y de qué manera se debe informar a la población. Estas expresiones autoritarias se alejan de la tolerancia y el respeto que debe primar entre todos los actores sociales para construir y profundizar nuestra democracia.

Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico-SPR

Comisión Nacional de Libertad de Expresión y Formación Profesional de la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (Fetraccom-CTA)

Día Mundial de la Democracia en los Medios

En el Día de la Democracia en los Medios de Comunicación los trabajadores de prensa rechazamos el ocultamiento, la mentira y la manipulación informativa y demandamos el reconocimiento de la cláusula de conciencia, la distribución de la publicidad oficial de manera equilibrada y una nueva ley de radiodifusión que destine espacios a las organizaciones sociales.

LOS TRABAJADORES DE PRENSA RECHAZAMOS EL OCULTAMIENTO, LA MENTIRA Y LA MANIPULACIÓN INFORMATIVA.

La información es un derecho humano y un bien social que tiene como destinatario a un sujeto universal.

Con esta concepción los periodistas-trabajadores de prensa desarrollamos nuestra tarea que es un nexo indispensable entre esa información y la sociedad, porque sin el trabajo que realizamos -que tiene como primer compromiso la búsqueda de la verdad- lo que ocurre en el complejo entramado social no llegaría al conocimiento del público.

Es por eso que en esta fecha decimos que somos conscientes de la responsabilidad social que nos corresponde y también creemos necesario dar a conocer nuestra mirada en relación con la estructura de los medios de comunicación, con la ausencia de legislaciones vitales y con la falta de voluntad política demostrada durante décadas para construir una democracia informativa, en la que el equilibrio pueda ser el reflejo de una organización social también más justa y solidaria.

En esa democracia la distribución de la riqueza debe ser el eje central, posibilitador del ejercicio efectivo de una multiplicidad de derechos.

El Día Mundial de la Democracia en los Medios es entonces un momento propicio para renovar nuestro compromiso de acción por una comunicación democrática - por la que trabajamos a diario-, lo que supone abordar el que es el problema de los problemas, la existencia de incluidos y excluidos o marginados de la participación y acceso a la información.

Por todo lo dicho los periodistas-trabajadores de prensa expresamos nuestra profunda preocupación y malestar por las condiciones a las que nos vemos sometidos cuando son casi cotidianas las órdenes destinadas a modificar, alterar, falsear o tapar la información en beneficio de la concepción que le otorga a ésta sólo el valor de una mercancía. La prohibición, el ocultamiento y la distorsión, diferentes rostros de la censura y la mentira, se producen a diario presentadas como parte de las líneas editoriales. Pero recordamos que el derecho de las empresas periodísticas a la determinación de esas líneas editoriales debe enmarcarse en la responsabilidad social de los medios, por lo que de ningún modo pueden esgrimir excusas para las constantes violaciones a la libertad de expresión y al derecho a la información.

Los periodistas-trabajadores de prensa queremos aportar a la pluralidad y a la democracia informativa, pero no se trata de metas que podamos conseguir por nosotros mismos.

Mientras los distintos sectores y actores sociales no hagan suyo el reclamo y se propongan estrategias para alcanzarlo, la mentira y la exclusión continuarán reinando.

El Día de la Democracia en los Medios de Comunicación es propicio para reafirmar el compromiso del Sindicato de Prensa Rosario, FOCOS y de la Comisión Nacional de Libertad de Expresión y Formación Profesional de la FETRACCOM con necesidades que surgen de aspectos individuales y colectivos de la libertad de expresión y del derecho a la información.

De allí que estamos por:

- El reconocimiento de la CLAUSULA DE CONCIENCIA, una de las formas de protección del trabajo periodístico violentado moralmente por prácticas patronales que no tienen en cuenta nada de lo arriba planteado y que se sostienen en la progresiva y antidemocrática concentración de la propiedad de los medios de comunicación.

- La distribución de la PUBLICIDAD OFICIAL de manera justa y equilibrada de forma que se favorezca el surgimiento y mantenimiento de las expresiones pluralistas y sociales de la información.

- La reserva de espacios destinados a las ORGANIZACIONES SOCIALES en el marco de una nueva ley de radiodifusión que discuta el eje fundamental de la ausencia de democracia y equilibrio informativo, la concentración de la propiedad de los medios.

18 de octubre de 2007 Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico

SINDICATO DE PRENSA ROSARIO Comisión Nacional de Libertad de Expresión
FOCOS (Foro de Comunicación Santafesino)

FEDERACION DE TRABAJADORES DE LA CULTURA Y LA COMUNICACIÓN

CENTRAL DE TRABAJADORES ARGENTINOS

En defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información

FOCOS participará en la presentación que sindicatos de prensa nucleados en FETRACCOM realizarán en defensa de Carlos Del Frade, repudiando el pedido de prisión efectuado por el presidente de Ñuls.

El jueves 6 de septiembre a las 11 en el local de la CTA nacional -Piedras 1065- repudiarán el pedido de prisión que el presidente de Ñuls hizo ante la Justicia para el periodista Carlos del Frade

La Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (Fetraccom-CTA) presentará el próximo jueves el Área de Libertad de Expresión y de Formación Profesional que coordinará e integrará la acción de todas las organizaciones de base –sindicatos y agrupaciones- decididos a mostrar a nivel nacional la preocupación de todo el gremio por los distintos aspectos que hacen a la concepción de la información como un derecho humano y un bien social.

Esa presentación en el local de la Central de Trabajadores de la Argentina, de Piedras 1065, se hará a las 11. Cada uno de los sindicatos de base que integran la central trabajan en sus regiones en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información de toda la sociedad. También con la idea de la profunda responsabilidad social del trabajo periodístico como nexo indispensable entre la información y el público por cuanto las organizaciones de la Federación entienden que su voz debe hacerse escuchar con la perspectiva y el compromiso por todos los temas que hacen al logro de una democracia informativa.

Ese mismo día los dirigentes de Prensa expresarán la preocupación por uno de los casos en el que se ve amenazado el trabajo periodístico a través del mecanismo del juicio por injuria. Se trata de la causa en la que está involucrado el periodista rosarino Carlos del Frade, querellado por el presidente del Club Atlético Newell’s Old Boys. Los juicios por injurias constituyen una de las instancias que en muchos casos, como en el que tiene como parte a del Frade, se utilizan para amedrentar y silenciar las voces de los periodistas para quienes como en este caso se pide un año de prisión o el resarcimiento económico que causa angustia y zozobra familiar.

El caso del Frade es llevado adelante desde el Sindicato de Prensa Rosario (SPR-CTA), una de las organizaciones que integran la Federación y que participará de la reunión de la que se invita a asistir a legisladores y organizaciones que trabajan por la defensa de la libertad de expresión.

Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (Fetraccom)

Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)

“Queremos saber” en Santa Fe

FOCOS presentó ante las organizaciones sociales santafesinas, el compromiso de los candidatos a gobernador para garantizar una ley de acceso a la información pública. La campaña de acción ciudadana, que FOCOS lleva adelante junto al SPR, continuará en el ámbito de toda la provincia, bajo el lema “Queremos saber”.

En la tarde de este miércoles, en la sede del Centro Cultural ATE-Casa España, FOCOS junto al Sindicato de Prensa de Rosario, presentó ante diversas organizaciones sociales de nuestro medio el video en que siete de los nueve candidatos que aspiran a gobernar la provincia se comprometen a consagrar una ley de acceso a la información.

El material audiovisual había sido presentado en la ciudad del sur provincial el último 13 de agosto.

En su presentación, Alicia Simeoni, integrante de la Comisión de Libertad de Expresión del SPR señaló que en este camino que distintos organismos llevan adelante desde hace tiempo, los santafesinos debemos terminar con la “cultura del secreto y el oscurantismo” y lograr una ley de acceso a la información pública “para conocer lo que sería natural que conozcamos como son las actividades, la información en manos de los tres poderes del estado”.

La consigna de la campaña ciudadana es “Queremos saber” (cuyo desarrollo puede seguirse a través de Información Ya) y FOCOS se comprometió ante las organizaciones presentes a continuar trabajando junto a ellas para exigir al candidato que resulte electo gobernador el cumplimiento de la palabra empeñada frente a las cámaras.

Ver Video, compromiso de candidatos.

Del Frade: "Democracia o feudalismo del tercer milenio"

Carlos Del Frade, periodista rosarino de amplia trayectoria, afronta una querella por parte de Eduardo López -quien es desde 1994 presidente del club Newell’s Old Boys de esa ciudad santafesina- por “calumnias, injurias e instigación al secuestro extorsivo”, que preveé una pena máxima de un año de prisión efectiva. Por Nadia Mansilla, ACTA

Todo comenzó cuando en agosto de 2005 Del Frade publicó una nota en el periódico independiente “El Eslabón”, donde informó sobre todo lo que significa Eduardo López en Rosario: “Se trata de un empresario que tiene varias causas judiciales abiertas en la Justicia federal y provincial; una investigación que siguió la Administración Federal de Ingresos Públicos por el presunto delito de lavado de dinero; una persona que pasó de ser un deudor moroso en los años 80 a tener una de las principales riquezas de la ciudad de Rosario, porque según dicen los propios documentos de la municipalidad rosarina, es una de las 680 firmas que más contribuyen”, explica Del Frade sobre la nota que se originó cuando López pretendía darle un cierre temporario al diario “El ciudadano” en el marco de una lucha salarial que llevaban a cabo sus trabajadores y que dejaría a 60 familias en la calle.

Cuando quedó trunco el intento de cierre, se evidenció la manera en que se maneja el actual presidente de Newell’s: “Esas informaciones, en una nota de 60 líneas, eran la ratificación de los datos que habíamos podido publicar en el libro de julio de 2005 que se llama ‘Central-Ñuls. La ciudad goleada. Fútbol, lavado, dinero y poder’, que López no objetó en un punto ni en una coma a pesar que fue uno de los libros más vendidos en Rosario en los últimos tiempos”, indica Del Frade.

Luego, hacia fines de 2005, los abogados de López le presentaron a Del Frade una querella “por calumnias, injurias e instigación al secuestro extorsivo, por haber informado que era uno más de las 680 grandes firmas contribuyentes de Rosario”, relata Del Frade.

Una vez desatado el proceso judicial, en marzo del 2006 se convocó a una primera audiencia que no prosperó en su intento de cita conciliatoria. Ese mismo día fue despedido, por sexta vez consecutiva en su trayectoria, de la radio LT8.

Finalmente, cuando los alegatos de cada una de las partes se llevaron a cabo, el último 7 de agosto, los abogados de López, distintos a los que originaron la causa, pidieron prisión efectiva de un año para Del Frade. El fallo, próximo a salir, se ve atrasado ya que la Justicia debe certificar toda la documentación presentada: “Estamos esperando la sentencia del juez. Creemos que si fuera todo normal no habría nada que saliera mal. Pero no hay normalidad posible dentro de la historia política del poder judicial en la provincia de Santa Fe y de la Argentina, por lo que significa la manipulación de la justicia por intereses económicos y políticos”, indica Del Frade, quien añadió que todo el proceso se dio “en medio de una extraordinaria campaña de solidaridad de estudiantes de comunicación social, y con el apoyo de los abogados del Sindicato de Prensa de Rosario”.

Sobre la llegada de toda la información del caso al diario Clarín, Del Frade explicó que “se trata de un dato interesante porque de alguna manera evidencia que en definitiva esta puja se da entre sectores fascistas en una sociedad que todavía sigue definiéndose por la construcción democrática de la que todavía falta mucho”.

“Esta se inscribe en una pelea colectiva de lo que supone todavía la impunidad de la matriz de los años 90 donde los hombres empresarios subyugan a los organismos de control de los poderes del Estado y los dejan hacer, ser y deshacer a su antojo. Esto no tiene que ver con la democracia, tiene más que ver con una especie de institucionalización de los poderes feudales y esto es lo que está de fondo: democracia o feudalismo del tercer milenio”, concluyó el periodista

Compromiso por el acceso a la información

Los candidatos a gobernador de la provincia brindaron ante periodistas y organizaciones sociales su compromiso por facilitar mediante una ley el acceso a la información de todos los ciudadanos. La presentación fue organizada por el Sindicato de Prensa de Rosario y contó con la colaboración de FOCOS. Más información en Información Ya.

Siete de los nueve candidatos a gobernador en las elecciones del próximo 2 de setiembre, se comprometieron frente a los ciudadanos santafesinos a impulsar definitivamente una ley de acceso a la información pública.

Rafael Bielsa (PJ), Hermes Binner (PS), Carlos Blanco (PO), Walter Eiguren (MODIN), Silvia Gómez (PH), Alejandro Parlante (MST) y Alicia Tate (UCR) estuvieron presentes en un video realizado por el Sindicato de Prensa de Rosario en el que respondieron a tres preguntas básicas: ¿Por qué es importante una ley de acceso a la información pública? ¿Qué características debe tener la ley? Si fuera gobernador, ¿impulsaría la ley?

“Mientras más conoce el ciudadano, mucho mejor para la democracia”, fue la definición del socialista Hermes Binner. Su contrincante Rafael Bielsa, señaló que quienes aceptan ocupar un cargo “no son propietarios ni de la información personal que pueda concernir a la población ni de la información que produzcan en el ejercicio de sus funciones que puedan resultar de interés para la población general”.

Los siete candidatos consultados coincidieron en que la ley debe facilitar el acceso y no obstaculizarlo con trabas como las que intentó imponer en reiteradas oportunidades el Senado provincial.

Respecto a su compromiso personal con el impulso de esta norma, estas fueron las respuestas de los aspirantes a la gobernación:

Bielsa: En caso de ser gobernador partiría del proyecto que ya tiene un consenso importante en la Cámara de Diputados.

Binner: Por supuesto, como sin ley se hizo en la ciudad de Rosario. Esto ayuda a que la gente pueda decidir.

Blanco: Nosotros la vamos a impulsar sobre los tres poderes.

Gómez: Por supuesto, si un gobierno está dispuesto a llevar adelante la transparencia, no debería hacer nada para evitar que sea posible.

Parlante: Sin lugar a dudas que intentaremos una legislación de este tipo.

Tate: Sin la menor duda. Lo he hecho como legisladora nacional.

El acto, en el que también se presentó el informe anual de la Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y el Trabajo Periodístico del SPR, concluyó con la firma de un acta-compromiso por parte de los candidatos presentes: Carlos Blanco, Silvida Gómez, Alicia Tate y Hermes Binner.

Los candidatos a gobernador y la información pública

El Sindicato de Prensa Rosario organiza un encuentro en el que se conocerá la postura de cada representante partidario sobre la ley de acceso a los datos de los tres poderes del Estado provincial. Adhiere a esta convocatoria el Foro de la Comunicación Santafesino.
La Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario y el Foro de la Comunicación Santafesino (FOCOS) invitan a todas las organizaciones de la sociedad y al público en general a participar el próximo lunes 13 de agosto, a las 19.30 horas, del encuentro donde se presentará el video que contiene la postura de los candidatos a gobernador de la provincia en relación con el derecho de acceso a la información pública.
Al encuentro fueron invitados los mismos candidatos, para que ese día, junto a las organizaciones representativas de los distintos sectores y expresiones de la comunidad santafesina, rubriquen su compromiso público para impulsar esta ley y lograr que en la provincia se termine con la cultura del secreto y del oscurantismo. Al finalizar se presentará y entregará a cada organización el Informe 2006-2007 de la Comisión de Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario.
El acto será en la sede de la Asociación Mutual Mercantil Argentina (A.M.M.A.), ubicada en Urquiza 1539 (ex Complejo Cultural de la Cooperación). Esperamos contar con la presencia de todas las organizaciones interesadas en el fortalecimiento y profundización de la democracia en la provincia de Santa Fe.
Se ruega a los interesados confirmar presencia a prensarosario@arnet.com.ar o a los teléfonos 0341-155-946366 (Alicia Simeoni) o 0341-155-416909 (Alicia Salinas)

Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico
SINDICATO DE PRENSA ROSARIO
Invita: Foro de la Comunicación Santafesino - FOCOS

Repudio a otra agresión a un periodista

Gustavo Cabrera, de Indymedia y La Conjura TV, fue golpeado cuando cubría el conflicto en Lavadero Virasoro.

La Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario repudia la agresión sufrida ayer por Gustavo Cabrera, del portal de noticias Indymedia y La Conjura TV. Según relató Cabrera ante esta Comisión, cuando se encontraba frente a la Jefatura de la Unidad Regional II filmando el conflicto de los trabajadores del Lavadero Virasoro, el dueño de la empresa -Jorge Guidetti- se dirigió hacia él y golpeó su cámara, lo cual le provocó lesiones en un ojo. El incidente fue denunciado judicialmente en el juzgado Correccional Nº 5 de los Tribunales provinciales.

Desde Indymedia (www.rosario.indymedia.org) y La Conjura TV advirtieron que esta agresión se produce en un contexto de hostilidad por parte de la patronal de Lavadero Virasoro hacia las coberturas periodísticas que vienen realizando sobre la huelga, iniciada por los trabajadores de la firma hace más de 40 días.

Según el relato de Cabrera, la cobertura de ayer comenzó alrededor de las cinco de la madrugada en la puerta de una de las plantas industriales, de Ovidio Lagos 4650, donde desde hace semanas los obreros desarrollan “un acampe”. Cuatro horas más tarde, el cronista se trasladó a la Jefatura de la UR II (en Ovidio Lagos 5250) ya que delegados sindicales pretendían dialogar allí con otro grupo de trabajadores que, acompañados por los dueños de la empresa, pedían protección a la policía para entrar a la planta.

Cabrera contó que estaba grabando imágenes del lugar y las conversaciones, cuando en determinado momento el dueño de Lavadero Virasoro -que se encontraba en la estación de servicio ubicada enfrente de Jefatura- se dirigió hacia él. El empresario, de apellido Guidetti, le dio un golpe a la cámara mientras expresaba “Dejá de filmarme”, lo que le produjo al cronista una lesión en el ojo. Luego, se retiró sin decir más.

El SPR repudia esta agresión ya que no sólo afecta la libertad de expresión del periodista que se encontraba trabajando en la cobertura del conflicto gremial, sino también el derecho a informarse de toda la comunidad. La información no es patrimonio de un grupo o sector que puede decidir qué se publica y de qué manera sino un bien social que pertenece a toda la ciudadanía. Los periodistas, insistimos, sólo son un nexo entre la información y el público.

El SPR repudia agresión a la libertad de expresión en el Senado de la provincia

La Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario repudia la agresión sufrida por el periodista santafesino Aldo Quiroz, quien el jueves 26 de julio fue "retirado" del edificio público del Senado de la provincia cuando aguardaba que otros colegas terminaran de hacer una nota a un legislador para luego entrevistarlo.

Quiroz, que se encuentra acreditado como periodista en la Legislatura, trabaja para FM Latina y para la radio comunitaria Chalet, ambas de Santa Fe, al tiempo que es corresponsal de FARCo satelital. El jueves pasado, día de sesión, se propuso entrevistar al senador Joaquín Gramajo Benavides, del departamento 9 de julio, pero fue impedido de realizar su tarea. Mientras Quiroz esperaba en un pasillo de la Cámara de Senadores que dos colegas de otro medio de comunicación terminaran de hacerle una nota a Gramajo Benavides, el subsecretario parlamentario del Senado -a la sazón José Luis Gramajo, pariente del senador con el que se pretendía dialogar- le advirtió que no podía permanecer en ese sitio por ser un lugar privado. Como Quiroz se negara a irse, fue obligado por personal de seguridad de la Cámara a retirarse.

El periodista realizó varias denuncias por este incidente y le envió una carta a la vicegobernadora de la provincia y presidenta del Senado María Eugenia Bielsa. Allí le dice que la persona que lo interceptó le indicó que "los pasillos que comunican a los bloques de Senadores de las distintas representaciones políticas son un espacio privado" y por tal motivo le ordenó que se fuera. "A lo que indiqué que yo era periodista mostrándole mis credenciales que así lo acreditan y que me encontraba realizando mi tarea habitual en ese ámbito. Esta persona se dirigió a la mesa de entrada del hall principal y me hizo retirar por la fuerza pública y personal de la Cámara", describe Quiroz en su misiva. Mientras, otros periodistas continuaban realizando la entrevista a Gramajo Benavides.

Esta Comisión considera que hechos de esta naturaleza lesionan la libertad de expresión y de acceder y buscar información, además atentan contra el derecho de la comunidad toda a informarse. El ejercicio de la democracia requiere que agresiones como las que sufrió el periodista Aldo Quiroz no se repitan, en especial en la Legislatura, espacio donde deben convivir todas las expresiones políticas de la provincia, en un marco de debate, tolerancia y respeto.

Rosario: La credibilidad es nuestro capital más valioso

Se exhorta a los candidatos y a la sociedad toda a tolerar las críticas realizadas por los periodistas

A los candidatos para las próximas elecciones

A quienes participan y hacen política en sus diversas formas

A la sociedad toda

Quienes hacemos periodismo cumplimos con una tarea con profundo sentido social. Ponemos en disposición colectiva la información a la que consideramos un derecho humano fundamental porque posibilita el conocimiento y a veces hasta el ejercicio de otros derechos. La credibilidad con la que cada uno de nosotros cuenta –-que a veces coincide y otras no con la de los medios en los que trabajamos- es nuestro capital más preciado y sólo puede ser construido sobre la base del primer principio ético con el que estamos comprometidos: el trabajo con la verdad y el chequeo permanente de los datos-elementos que conocemos para cumplir con rigurosidad nuestro trabajo.

El enunciado anterior no es ingenuo ni mucho menos desconocedor del medio en el que trabajamos. Justamente, porque lo conocemos hacemos tanto hincapié en una concepción de la ética profesional que se corresponde con el valor que damos a la información, con el derecho a la libertad de expresión y a la pluralidad informativa que debe tener y necesita la sociedad.

Por eso pensamos y decimos que sobre esa credibilidad no se pueden poner mantos de sospechas, mucho menos cuando esos mantos se fundamentan en las diferencias con las opiniones emitidas. Es nuestra obligación ética, la de los periodistas, diferenciar la información de la opinión, y si así se hace el punto de vista que se formula seguro tendrá defensores y detractores. En esa posibilidad reside una de las formas de la democracia informativa. Por tanto, quienes actúan en política en las más diversas expresiones y aún más quienes están en carrera como aspirantes a puestos ejecutivos y también legislativos tienen la obligación pública de aceptar el disenso y la crítica que surge de distintas personas y expresiones. De allí la preocupación especial por la mención que el diputado nacional y candidato a gobernador por el Frente para la Victoria, Rafael Bielsa, causó con la mención que días atrás hizo de los apellidos de dos periodistas de la ciudad: (Pablo) Feldman y (Alberto) Lotuf como acompañantes de la que se califica como agresión del partido opositor. Bielsa es una de las posibles alternativas para ocupar el principal sillón de la Casa Gris. No puede, por tanto, avanzar sobre lo que no debe hacer: la independencia del trabajo periodístico y poner en tela de juicio ese valioso patrimonio que es la credibilidad. Además prepara el terreno para el amedrentamiento que lleva a la autocensura y la censura, al mal posicionamiento hacia el público.

Las redacciones y servicios informativos reciben en esta época, nos referimos a la electoral, llamados telefónicos, desfile de encargados de prensa o simples “operadores”, que sugieren, piden, exigen, “aprietan” para que una u otra información salga o no, para que sea cubierta de una manera o de otra. Y quien sostenga lo contrario NO dice la verdad.

De allí que, en busca de la democracia que necesita de un tono de madurez, sugerimos, pedimos, exigimos el NO a las descalificaciones sin el ofrecimiento de pruebas que ponga al o las/los periodistas en un lugar contrario al que ocupan en su tarea diaria.

Quedan dos meses que serán, sin duda, de intensa campaña política. Exhortamos a recordar, por los días más negros de nuestra historia, que la libertad de expresión es un derecho individual y colectivo que siempre, absolutamente siempre, es infinitamente mejor que todas las opiniones y acciones parciales para acallarla que exhiben y pretenden las más variadas formas del autoritarismo.

Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico

SINDICATO DE PRENSA ROSARIO