No se olviden de Cabezas

El mejor homenaje que merece el fotógrafo asesinado hace once años es la defensa permanente de la libertad de expresión y el derecho a estar informado. Como trabajadores de la comunicación seguiremos comprometidos en esta línea de acción junto a todos los sectores sociales que entienden que la democracia demanda justicia, verdad y memoria. Es necesario el trabajo digno para tener una mejor comunicación. El respaldo recibido por dirigentes políticos y sociales de la ciudad es un dato alentador.

El pasado viernes 25 de enero, los integrantes del Foro de la Comunicación Santafesino nos encontramos junto a periodistas, reporteros gráficos y dirigentes políticos y sociales de la ciudad, en la plazoleta “Libertad de Prensa – José Luis Cabezas”, para rendir un nuevo homenaje al fotógrafo asesinado hace once años en una cava de Pinamar, cuando trabajaba para la revista Noticias.

José Luis Cabezas fue brutalmente asesinado por informar y mostrar a la sociedad una realidad donde se entrelazaban políticos, policías y empresarios corruptos. Su crimen nunca fue investigado a fondo y los verdaderos responsables continúan impunes, más allá, de las condenas contra los integrantes de la banda de los “Horneros”, el jefe de la custodia del fallecido Alfredo Yabrán y algunos policías bonarerenses, que hoy por decisión de justicia permanecen en libertad.

Se trató de un asesinato político con el objetivo de enviarle un mensaje a toda la sociedad. Su muerte se inscribe en la larga lista de víctimas de la última década pero carga con un significado especial: el poder no debe ser mostrado. Hasta febrero de 1996 el rostro del poderoso empresario Alfredo Yabrán era desconocido para la mayoría de los argentinos. Una foto de José Luís Cabezas lo hizo tapa de la revista Noticias.

Hoy podemos decir que los homicidas no lograron su objetivo. En cada rincón de nuestro país trabajan periodistas y reporteros gráficos comprometidos con la búsqueda de información, enfrentando la censura y defendiendo el derecho de la población a conocer para poder decidir.

Por ello, recordar a Cabezas es reivindicar la vida, es defender la libertad de expresión y el derecho a estar informado. También es una oportunidad para alertar a la sociedad sobre la necesidad de enfrentar y erradicar toda forma de violencia destinada a silenciar o condicionar a los trabajadores de prensa.

En nuestra provincia, la precarización laboral en un gran número de empresas periodísticas y las prácticas abusivas de muchos dirigentes políticos, han provocado que la sociedad santafesina no tenga garantizado el derecho a recibir información veraz, plural y de calidad.

Durante la última campaña electoral, un diario de la ciudad de San Lorenzo fue clausurado y periodistas de varias ciudades de la provincia sufrieron agresiones vinculadas a su trabajo. Paralelamente, funcionarios provinciales y/o municipales intentaron censurar o condicionar el trabajo de los periodistas. A veces con éxito.

Para estos cuestionables propósitos, los anteriores gobiernos – a través de sus operadores de prensa – se valieron de la coerción directa, el retaceo de información y el uso extorsivo de la publicidad oficial. Actitudes que en última instancia lesionan los derechos de toda la comunidad santafesina. Esperamos que las nuevas autoridades provinciales y locales destierren esta nefasta práctica y establezcan una relación diferente con los trabajadores de la comunicación.

En este sentido consideramos un dato alentador el compromiso expresado por numerosos dirigentes políticos y sociales de nuestra provincia para sostener los valores de la participación, la tolerancia y el pluralismo. Queremos mencionar de modo particular el mensaje enviando por el intendente Mario Barletta en ocasión del acto del viernes pasado. En su misiva – dirigida a todos los trabajadores de prensa de los distintos medios periodísticos de la ciudad - el funcionario expresa “que la defensa de la verdad y la transparencia serán los valuarte desde donde se procurará brindar la información requerida a toda la ciudadanía y no habrá voces que se pretendan callar”.

Por todo esto reiteramos que recordar a Cabezas es defender la libertad de expresión y el derecho a estar informado. Como trabajadores de la comunicación seguiremos comprometidos en la defensa de estos derechos, junto a todos los sectores sociales que entienden que no hay democracia sin justicia, no hay justicia sin verdad, y no hay verdad sin memoria.

Diversidad en la radiodifusión

Declaración conjunta sobre “Diversidad en la radiodifusión” de diversas organizaciones que solicitan evitar la concentración de medios. Fuente: DsD

Los relatores sobre “Libertad de Opinión y de Expresión” de cuatro organizaciones internacionales firmaron en diciembre del año pasado una declaración conjunta en donde piden a los Estados miembros de cada continente adoptar políticas que favorezcan la “diversidad” en los medios de comunicación como contracara de la “concentración”. El documento acaba de hacerse público y DsD lo ofrece a los lectores.

El 7 y 8 de diciembre del año pasado tuvo lugar en la ciudad holandesa de Amsterdam una reunión entre los relatores sobre Libertad de Expresión de las organizaciones Naciones Unidas (ONU), Organzación de Estados Americanos (OEA), Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP). Entre los cuatro representantes emitieron una declaración conjunta en donde reclaman “Diversidad en la Radiodifusión”.

El documento acaba de hacerse público luego de que circulara una primera versión en inglés. DsD acerca este documento a los lectores dado que, al menos hasta hoy, ninguno de los grandes medios le dio difusión. Lamentablemente, la discusión sobre la concentración mediática en nuestro país, no forma parte central de la agenda de temas periodísticos sobre los que habitualmente se expiden las empresas de comunicación. Hay excepciones: el año pasado, el Centro de Estudios Legales y Sociales emitió un documento sobre “Derechos Humanos” en la Argentina, que incluyó un artículo de los catedráticos Martín Becerra y Guillermo Mastrini sobre la concentración de medios en nuestro país.

Para los relatores de las organizaciones mencionadas, la diversidad de medios es “fundamental” para “el libre intercambio de información e ideas en la sociedad, en términos de dar voz y satisfacer tanto las necesidades de información como otros intereses de todos y todas, de conformidad con la protección que brindan las garantías internacionales del derecho a la libertad de expresión”.

Como contracara de la diversidad, los relatores señalan a la concentración mediática. En ese sentido, destacan que promover la diversificación es vital “para prevenir la concentración indebida de medios de comunicación o la propiedad cruzada de los mismos, ya sea horizontal o vertical” y que para ello “se deben adoptar medidas especiales, incluyendo leyes anti-monopólicas”.

Tales medidas, para los relatores, “deben implicar el cumplimiento de estrictos requisitos de transparencia sobre la propiedad de los medios de comunicación a todos los niveles. Además deben involucrar un monitoreo activo, el tomar en cuenta la concentración de la propiedad, en caso que sea aplicable, en el proceso de concesión de licencias, el reporte con antelación sobre grandes combinaciones propuestas, y la concesión de autoridad para evitar que tales combinaciones entren en vigor”.

DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE DIVERSIDAD EN LA RADIODIFUSION

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante de la OSCE sobre Libertad de los Medios de Comunicación, el Relator Especial de la OEA sobre Libertad de Expresión y la Relatora Especial de la CADHP (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos) sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información,

Habiéndose reunido con representantes de las ONGs, miembros de la academia y otros expertos en Ámsterdam los días 7 y 8 de diciembre de 2007, bajo los auspicios de ARTÍCULO 19, la organización Campaña Global para la Libre Expresión (Global Campaign for Free Expression), asistidos por el Instituto para el Derecho de la Información (Institute for Information Law - IViR), Universidad de Ámsterdam;

Recordando y reafirmando nuestras Declaraciones Conjuntas del 26 de noviembre de 1999, 30 de noviembre de 2000, 20 de noviembre de 2001, 10 de diciembre de 2002, 18 de diciembre de 2003, 6 de diciembre de 2004, 21 de diciembre de 2005 y 19 de diciembre de 2006;

Destacando la importancia fundamental de la diversidad en los medios comunicación para el libre intercambio de información e ideas en la sociedad, en términos de dar voz y satisfacer tanto las necesidades de información como otros intereses de todos y todas, de conformidad con la protección que brindan las garantías internacionales del derecho a la libertad de expresión;

Conocedores, en particular, de la importancia de la diversidad para la democracia, la cohesión social y la amplia participación en el proceso de toma de decisiones;

Conscientes del potencial de las nuevas tecnologías tanto para servir como vehículos para la promoción de la diversidad como para generar nuevas amenazas a la diversidad, incluyendo las resultantes de la brecha digital;

Enfatizando la naturaleza compleja de la diversidad, que incluye la diversidad de medios de comunicación (tipos de medios) y de fuentes (propiedad de los medios), así como la diversidad de contenido (producto de los medios);

Reconociendo los variados aportes que efectúan a la diversidad los diferentes tipos de medios de comunicación – comerciales, de servicio público y comunitarios – así como los que tienen diferente alcance – local, nacional, regional e internacional –;

Notando que la concentración indebida de la propiedad de los medios de comunicación, directa o indirecta, así como el control gubernamental sobre los mismos constituyen una amenaza a la diversidad de los medios, a la vez que generan otros riesgos, tales como la concentración del poder político en manos de los propietarios o de elites gobernantes;

Enfatizando que los medios de comunicación estatales o de servicio público independientes continuarán jugando un papel importante en la promoción de la diversidad en el nuevo escenario de emisión digital, inclusive a través de su rol único como proveedores de programación confiable, de alta calidad e informativa;

Atentos al potencial para el abuso que tienen los sistemas de regulación a los medios de comunicación en perjuicio, entre otros, de la diversidad, particularmente cuando los órganos de control no cuentan con suficiente protección contra la interferencia política o de otra índole;

Preocupados por el aumento de una serie de amenazas a la viabilidad de la radiodifusión de servicio público en diferentes países, lo que disminuye su capacidad para alcanzar su potencial de contribuir a la diversidad de los medios de comunicación, así como por el fracaso de muchos países en reconocer la radiodifusión comunitaria como un tipo diferente de comunicación social;

Adoptamos, el 12 de diciembre de 2007, la siguiente Declaración para la Promoción de la Diversidad en los Medios de Comunicación:

Puntos Generales

La regulación de los medios de comunicación con el propósito de promover la diversidad, incluyendo la viabilidad de los medios públicos, es legítima sólo si es implementada por un órgano que se encuentre protegido contra la indebida interferencia política y de otra índole, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.

Un amplio acceso a educación pública y otros esfuerzos se deben llevar a cabo para promover la adquisición de conocimientos sobre los medios de comunicación, de forma tal que se asegure que todos los miembros de la sociedad puedan entender y aprovechar las nuevas tecnologías con miras a superar la brecha digital.

La transparencia debe ser el sello distintivo de los esfuerzos de las políticas públicas en el área de la radiodifusión. Este criterio debe ser aplicable a la regulación, propiedad, esquemas de subsidios públicos y otras iniciativas en cuanto a políticas.

Se deben promover tecnologías de bajo costo que sean extensamente accesibles con miras a asegurar el amplio acceso a las nuevas plataformas de comunicación. Se deben explorar y promover soluciones tecnológicas a los problemas tradicionales de acceso, inclusive los relacionados con discapacidades auditivas o visuales.

Se deben implementar medidas para asegurar que la publicidad oficial no sea utilizada como un medio para la interferencia política en los medios de comunicación.

Sobre la Diversidad de Tipos de Medios de Comunicación

Se debe asignar suficiente ‘espacio’ para la transmisión de las diferentes plataformas de comunicación para asegurar que el público, como un todo, pueda recibir un espectro variado de servicios de medios de comunicación. En términos de difusión terrestre, ya sea análoga o digital, esto implica una asignación apropiada de las frecuencias para usos de radiodifusión.

Los diferentes tipos de medios de comunicación – comerciales, de servicio público y comunitarios – deben ser capaces de operar en, y tener acceso equitativo a todas las plataformas de transmisión disponibles. Las medidas específicas para promover la diversidad pueden incluir el reservar frecuencias adecuadas para diferentes tipos de medios, contar con must-carry rules (sobre el deber de transmisión), requerir que tanto las tecnologías de distribución como las de recepción sean complementarias y/o interoperable, inclusive a través de las fronteras nacionales, y proveer acceso no discriminatorio a servicios de ayuda, tales como guías de programación electrónica.

En la planificación de la transición de la radiodifusión análoga a la digital se debe considerar el impacto que tiene en el acceso a los medios de comunicación y en los diferentes tipos de medios. Esto requiere un plan claro para el cambio que promueva, en lugar de limitar, los medios públicos. Se deben adoptar medidas para asegurar que el costo de la transición digital no limite la capacidad de los medios comunitarios para operar. Cuando sea apropiado, se debe considerar reservar, a mediano plazo, parte del espectro para la transmisión análoga de radio. Al menos parte del espectro liberado a través de la transición digital se debe reservar para uso de radiodifusión.

Para promover la diversidad se debe utilizar el sistema menos invasivo para la administración del espacio radioeléctrico, tomando en cuenta reducciones en la regulación si disminuye el problema de escasez. El sistema de licencias, basado en la consideración de las ondas radioeléctricas como un recurso público limitado, no es legítimo para la transmisión a través de Internet.

Se requieren medidas especiales para proteger y preservar los medios públicos en el nuevo espacio radioeléctrico. El mandato de los medios públicos debe estar claramente establecido por ley y debe incluir, entre otros, el contribuir a la diversidad, la cual debe ir más allá de ofrecer diferentes tipos de programación, dar voz a y satisfacer las necesidades de información e intereses de todos los sectores de la sociedad. Se deben explorar mecanismos innovadores para el financiamiento de los medios públicos, de forma tal que éste sea suficiente para permitirles cumplir con su mandado de servicio público, que sea garantizado por adelantado para periodos de varios años y que sea ajustado de acuerdo a la inflación.

La radiodifusión comunitaria debe estar expresamente reconocida en la ley como una forma diferenciada de medios de comunicación, debe beneficiarse de procedimientos equitativos y sencillos para la obtención de licencias, no debe tener que cumplir con requisitos tecnológicos o de otra índole severos para la obtención de licencias, debe beneficiarse de tarifas de concesionaria de licencia y debe tener acceso a publicidad.

Sobre la Diversidad de las Fuentes

En reconocimiento de la particular importancia que la diversidad de los medios de comunicación tiene para la democracia, para prevenir la concentración indebida de medios de comunicación o la propiedad cruzada de los mismos, ya sea horizontal o vertical, se deben adoptar medidas especiales, incluyendo leyes anti-monopólicas. Tales medidas deben implicar el cumplimiento de estrictos requisitos de transparencia sobre la propiedad de los medios de comunicación a todos los niveles. Además deben involucrar un monitoreo activo, el tomar en cuenta la concentración de la propiedad, en caso que sea aplicable, en el proceso de concesión de licencias, el reporte con antelación sobre grandes combinaciones propuestas, y la concesión de autoridad para evitar que tales combinaciones entren en vigor.

Se debe proveer apoyo a aquellos que deseen establecer nuevos tipos de medios de comunicación, con base en criterios equitativos y objetivos aplicados en forma no discriminatoria.

Sobre la Diversidad del Contenido

Se pueden utilizar políticas públicas, para promover la diversidad de contenido entre los tipos de medios de comunicación y dentro de los mismos cuando sea compatible con las garantías internacionales a la libertad de expresión.

Se debe considera proveer apoyo para la producción de contenido que contribuya de manera significativa a la diversidad, fundado en criterios equitativos y objetivos aplicados en forma no discriminatoria. Esto puede incluir medidas para promocionar productores de contenidos independientes, incluso solicitando a los medios públicos que adquieran una cuota mínima de su programación de dichos productores.

Se debe lograr un balance adecuado entre la protección de los derechos de autor y derechos conexos y la promoción de la libre circulación de información e ideas en la sociedad, inclusive a través de medidas que fortalezcan el dominio público.

- Ambeyi Ligabo - Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión

- Miklos Haraszti -Representante de la OSCE sobre Libertad de los Medios de Comunicación

- Ignacio Alvarez - Relator Especial de la OEA sobre Libertad de Expresión

- Faith Pansy Tlakula - Relatora Especial de la CADHP sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información

Nuevas formas de dependencia y censura

Reflexiones sobre las nuevas formas de dependencia y censura y el efecto sobre el estilo de comunicar. Del libro “Entre el deseo y la realidad” del Observatorio de Medios-UTPBA

(Por Nora Lafont).- Si un espectador ajeno a la realidad argentina se detuviera a observar la relevancia del periodismo escrito y audiovisual en la comunicación de información, la búsqueda de la verdad y la justicia, y su recientemente adquirido rol de fiscalizador de la república, absolutamente fascinado por la deslumbrante puesta en escena y el cuidado maquillaje, llegaría a la conclusión de estar frente a los medios y periodistas más capaces, mejor informados y con la mayor posibilidad de ejercer su oficio en absoluta libertad, aplicando en su tarea la responsabilidad social y la ética aprendida de sus mayores.
Nada más erróneo. Desde los años de plomo donde ser periodista se transformó en un ejercicio profesional sumamente peligroso con riesgo de desaparición y muerte, y salvo durante los primeros tiempos de la democracia, la práctica de la profesión se ha ido degradando significativamente con resultados alarmantes. Las empresas, acostumbradas durante la dictadura a transcribir los comunicados del secretario de prensa de las juntas militares, advirtieron que para el servilismo sólo era necesario contar con buenos cadetes.

Este fue el primer atentado contra la profesión: la práctica del devalúo profesional y por ende el salarial, hasta que, finalmente, concibieron la forma más sofisticada y perversa para limitar ingresos, mediocrizar el trabajo, cercenar los derechos sindicales y coartar la libre expresión: el multimedio.

La concentración de poder sintetizada en los multimedios trajo aparejada no sólo la llegada de empresarios advenedizos o grupos de inversión totalmente ajenos, que en muchos casos llevaron a la ruina proyectos exitosos y que redundaron en el desempleo de los trabajadores, sino también la violación de todos los convenios laborales: por ejemplo el de televisión, sancionado en 1975, sólo sigue vigente en el noticiero de Canal 7.

Pero hubo más y más grave. Las empresas exitosas, por empezar, iniciaron una práctica indecente: manipular la información para su propio beneficio económico, presionar a los gobiernos, establecer topes salariales en el mercado, tomar productores para radio y televisión con sueldos lamentables y no reconocer el rango de “aspirante de redacción” que tan bien contempla el estatuto del periodista para reemplazarlo por “pasantes” en los medios gráficos a quienes hasta han hecho firmar tapas. Y lo que es peor aún y más imperdonable: Obligar a los periodistas a declinar su derecho a expresarse libremente.

Nadie es tan suicida como para escribir o hablar mal de quien le da de comer, pero hemos llegado a extremos absolutamente lamentables como ocultar información porque perjudica tangencialmente al multimedio en cosas tan absolutamente disímiles en contenido e importancia como las medidas del ministerio de economía o el baile del caño.

Los periodistas radiales o televisivos son una suerte de “house organ” de los otros emprendimientos del multimedio. Los profesionales dedicados a la política, la economía o el sindicalismo son una suerte de espías de los medios para su empresa. Los dedicados a la cultura o el espectáculo sirven en primer lugar a los intereses, producciones y convenios preestablecidos.

Y así, por la puerta de atrás, se van perdiendo o confundiendo los roles. Se llenan la boca con la libertad de prensa y sólo persiguen y defienden la libertad empresaria.

Coquetean con los gobiernos para conseguir mejores créditos o pautas publicitarias oficiales y de esta manera han ido adiestrando, en las dos últimas décadas, a reconocidos profesionales, popes de la opinión pública, que de tanto ejecutar órdenes para modificar la realidad en beneficio de sus empleadores aprendieron la tarea y decidieron trabajar para sí mismos.

Muchos, a partir de los políticos o empresarios que conocieron empleados para otros, desarrollaron sus propios proyectos editoriales y, buenos alumnos ellos, aprovecharon para, a su vez, negrear sus contratados. Otros se convirtieron a la radio o a la televisión y se dedicaron a vender los “auspicios” de sus emprendimientos, con lo cual también vendieron su opinión. Es suficiente poner atención en quiénes apoyan cada uno de estos programas para deducir cuál será el patrón de contenidos de su conductor.

Con estos condimentos el panorama no es alentador. El modelo no es atractivo. Hay que trabajar en negro, en el mejor de los casos con contratos basura y, además, soportar que quienes no tienen la menor noción de lo que es el ejercicio libre, ético e idóneo de la profesión de periodista se arroguen el derecho de opinar sobre los contenidos de lo que se escribe o se comenta, porque tienen “la sartén por el mango y el mango también”, como tan pero tan bien calificó a estos ejecutivos María Elena Walsh.

Y aunque duela y en todo nuestro extenso y bello país haya muchos colegas que siguen cultivando a cualquier costo la dignidad, cabe la siguiente reflexión. En algún tiempo esta incomparable profesión era muy prestigiosa, con el tiempo se transformó en peligrosa y, desde fines de los 80, muchas veces, provoca vergüenza ajena. De todas maneras, para quienes la ejercen como se debe, es difícil vivir sin ella. Por eso, hay que defenderla y merecerla.

Homenaje a José Luis Cabezas en Santa Fe

El Foro de la Comunicación Santafesino – FOCOS – convoca a la comunidad santafesina a participar del acto de homenaje al fotógrafo José Luis Cabezas, asesinado hace once años en una cava de Pinamar, cuando trabajaba para la revista Noticias.

El acto se llevará a cabo este viernes 25 de enero, a las 11 horas, en la plaza “Libertad de Prensa – José Luis Cabezas”, ubicada en Barrio El Pozo de nuestra ciudad.

José Luis Cabezas fue brutalmente asesinado por informar y mostrar la realidad a la sociedad. Frente a este nuevo aniversario de su asesinato, no podemos dejar de repudiar, la compleja trama judicial que entorpeció la investigación del crimen y preparó el terreno para que algunos de los asesinos hoy se encuentren en libertad.

En la Argentina y en nuestra provincia son muchos los casos que ponen en tela de juicio el papel de la Justicia que a través de la inacción o la lentitud consagra distintas formas de impunidad. Allí están las víctimas de la Embajada Israelí, de la AMIA, los casos de gatillo fácil, la represión de diciembre de 2001, la causa inundaciones y los nuevos intentos por instalar el terror con los secuestros de Jorge Julio López y las intimidaciones a los querellantes y testigos en las causas por violaciones a los derechos humanos de la pasada dictadura.

Recordar a Cabezas es reivindicar la vida, es defender el derecho a conocer y a estar informado, y es una oportunidad para alertar a la sociedad santafesina sobre la permanencia de viejas prácticas destinadas a silenciar o amordazar a los trabajadores de prensa.

No hay democracia sin justicia, no hay justicia sin verdad, no hay verdad sin memoria.

Conflicto en el Uno de Entre Ríos

Los trabajadores declararon el estado de asamblea permanente con quite de colaboración.

El día jueves 10 de enero, los trabajadores de prensa del Diario UNO de Entre Ríos (editado por Medios de Comunicación Entre Ríos S.A.), ante el incumplimiento empresario al Estatuto del periodista y al Estatuto del empleado administrativo, resolvieron:

- Declarar el estado de Asamblea Permanente, con quite de colaboración.

- Reclamar a la empleadora que cumpla con el CCT 378/75, y la Escala Salarial vigente, con los haberes de enero/2008 y sucesivos.

- Rechazar las maniobras extorsivas destinadas a quitarles los legítimos derechos a los trabajadores, impulsadas por el Sr. Oscar Fraga, y no desautorizadas por la empresa.

- Informar a la Autoridad Laboral, y notificar a la empleadora lo resuelto.

Por lo expresado precedentemente, y en relación al punto “1”, el mismo contempla la realización de Asambleas en los lugares de trabajo, Actos de esclarecimiento y Movilización de los trabajadores de prensa, en procura de que la empleadora cumpla con el C.C.T. N° 378/75.

Confirman despidos en Canal 9

El Grupo dueño de Canal 9 confirmó los cinco despidos. Los trabajadores y la UTPBA no se resignan. Hubo acciones temerarias, brutales y salvajes.

Las periodistas Verónica Lázaro y Carina Álvarez debieron ser internadas el pasado miércoles 9 al sufrir ambas una fuerte descompensación producto del hacinamiento al que fueron sometidas junto a sus colegas despedidos Matías Castro, Laura Mayocchi y Hernán Sinaj, -además de delegados de otros canales e integrantes de la UTPBA- por parte de los actuales licenciatarios de Canal 9 durante 48 horas en la sede de la emisora, donde se encontraban en plena lucha por su reincorporación.

En tanto, el Ministerio de Trabajo, en una actitud repudiada por los trabajadores, mantenía una bochornosa pasividad, al no adoptar ningún tipo de medida ante las constantes denuncias realizadas por los comunicadores, sus delegados y la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires.

Horas antes otro de los colegas, Hernán Sinaj, debió ser internado en el Hospital Fernández, dado que todos ellos, sufrieron del encierro al que el empresario, Remigio Ángel González González, indicó que se los sometiera.

La medida salvaje comenzó a las 13:00 del pasado lunes 7, cuando los trabajadores ingresaron al edificio a cumplir con sus tareas habituales y la empresa decidió, ya dentro de la planta a la que ingresaron sin dificultades, no darles trabajo, mientras se los forzaba a salir.

A partir de allí la patronal de Canal 9 resolvió la inhumana medida de dejarlos sin agua, sin baños, sin comida, sin refrigeración, mientras personal de seguridad los intimaba permanentemente a abandonar la lucha.

No obstante esta actitud represiva de la empresa –que dejaba ver condiciones de impunidad absolutas- los cinco periodistas permanecieron en la emisora hasta la tarde del pasado miércoles 9, cuando un cuadro de salud visiblemente deteriorado obligó a que fueran internados en observación. En momentos en que se producía esta situación representantes de la redacción de Canal 9 iban a transmitirles la decisión de una asamblea de solicitarles que abandonaran el lugar preocupados por su salud.

Esta gravísimo episodio ocurrido entre el lunes y el miércoles remite, desde lo político no desde lo técnico- legal, a la situación vivida por esos cinco periodistas a partir del 1 de diciembre pasado, cuando fueran despedidos por el grupo estadounidense-mexicano, provocando un paro del personal del noticiero que obligó al Ministerio de Trabajo a dictar la Conciliación Obligatoria, retrotrayéndose todo al momento anterior al conflicto.

Concluida esta etapa de Conciliación –durante la cual los cinco periodistas realizaron una vigilia diaria en las puertas del canal dado que la patronal incumplió con esa resolución ministerial- y no habiendo recibido ninguno de los trabajadores de prensa afectados comunicación alguna se hicieron presentes en su lugar de trabajo, al que ingresaron normalmente. Tras ello se registró la repudiable acción empresaria que se mencionó.

Ni durante el período de la Conciliación Obligatoria ni en el conflicto iniciado el lunes la patronal modificó su postura, que incluía su negativa a negociar. Por el contrario, las actitudes intimidatorias del personal de seguridad y las salvajes acciones destinadas a amedrentar la voluntad de lucha de los compañeros se incrementaron y perfeccionaron frente a al silencio y pasividad del Ministerio de Trabajo, que ampliaron los márgenes de impunidad con que se movió este grupo mediático multinacional.

La digna y ejemplar resistencia llevada a cabo por los periodistas, cuya condición de despedidos les fuera informada por la empresa recién cuando ellos ya iban por su segundo día de estar privados de derechos humanos elementales, junto con compañeros y delegados del resto de los canales y la UTPBA, no concluyó con el traslado a un centro de atención, porque el objetivo del reclamo sigue vigente: por la reincorporación de los cinco periodistas y la preservación de cada puesto de trabajo.

La sátira tiene protección judicial

La Cámara Civil confirmó la sentencia de grado, rechazando la indemnización que reclamaba un hombre a la productora televisiva Cuatro Cabezas. Fuente: Diario Judicial.

El tribunal consideró que su imagen no se había visto dañada moralmente, ya que la broma fue en el marco de un programa humorístico.
La Sala "F" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia que rechazó la demanda de un empleado de seguridad del Congreso de la Nación contra la productora Cuatro Cabezas. El hombre exigía ser indemnizado por considerar que el programa C.Q.C. lo había ridiculizado en una de sus emisiones.
El hecho ocurrió en agosto del 2005, cuando el ciclo televisivo "Caiga quien caiga" emitió un programa en el que un grupo de gente intentaba entrar al Congreso de la Nación para que los jueces dieran a conocer sus declaraciones juradas. El periodista "notero" del programa y los particulares reunidos no lograron hacerlo porque un agente de seguridad del Congreso lo impidió. Por su actitud la productora decidió desfigurar la imagen de su rostro sobreimprimiéndole una caricatura.
Por ello, el guardia inició el reclamo judicial que se caratuló "Silva Baez, Diego Alberto c./ Cuatro Cabezas S.A. y otro s./ Daños y Perjuicios", alegando haberse sentido ridiculizado y afectado en su identidad y honor.
No obstante, sus argumentos fueron rechazados por el juez de primera instancia que entendió que ante la actitud del personal de seguridad "por recalcitrante e injustificada, tuvo una salida humorística que para nada puede asimilarse a un hecho ilícito".
Agregó que resultaba "evidente que el programa no pretendía transmitir una burla hacia el actor sino informar sobre la situación que allí estaba aconteciendo, utilizando un recurso humorístico, para emitir una opinión crítica respecto del accionar obstructivo del personal de seguridad". En base a ello el magistrado rechazó las peticiones del actor, que interpuso su apelación.
La Cámara entendió que la crítica efectuada no lesiona "los derechos personalísimos mencionados por aquél en una medida que supere la tolerancia que es dable de una persona que se desempeña en un área pública". A su vez sostuvo que lo fundamental del caso era "la sátira como género o forma de expresión periodística".
Los jueces Eduardo Zannoni, José Luis Galmarini y Fernando Posse Saguier citaron a Eduardo Martínez Álvarez en un precedente de la Sala D, que había expresado: "La burla, el humor, la caricaturización de personajes, forman parte de la vida diaria. Si el humor trajera aparejada indemnizaciones a favor de quienes se sientan ofendidos por este tipo de sátiras, nuestros tribunales se verían inundados de reclamos por daño moral con consecuencias inusitadas".
Por otro lado recordaron que "...el humor, el chiste, constituyen una de las facultades más propiamente humanas y son indicativas de la complejidad del alma y sus posibilidades de afirmar negando, o viceversa..." y constituyen, por eso, "una de las más elevadas formas de expresión espiritual...".
Finalmente la Cámara concluyó que "la brevísima sobreexposición caricaturesca sobre la imagen del actor en el programa "Caiga quien caiga" fue realizada en el contexto de un programa televisivo de humor que es, a la vez, de crítica política y social", por lo que rechazó la petición del demandante, confirmando la sentencia de grado.

Chaco transparenta su sistema de medios

Se trata de un convenio firmado entre el Gobierno provincial y el COMFER en busca de un modelo de comunicación con libertad de expresión y pluralismo. Fuente: Agencia Nova.

El gobernador de la Provincia, Jorge Milton Capitanich y el presidente del Comité Nacional de Radiofusión (COMFER), Julio Bárbaro, suscribieron este jueves en el Salón Obligado de Casa de Gobierno, el convenio destinado a la democratización del sistema de comunicación provincial, que representa el camino para la construcción de un nuevo modelo de inclusión social.

La finalidad primera del convenio es propiciar la regularización en el uso del espectro de frecuencia para todas las emisoras que funcionan en el ámbito provincial. Se estima que tal regularización sea factible en el lapso de cuatro meses a un año. Para las áreas que no presentan conflictos debido a que la oferta es superior a la demanda, la regularización es casi inmediata.

Las áreas más conflictivas, como las de zonas fronterizas, tendrán que esperar el proceso correspondiente mediante concursos que brinden la transparencia necesaria. "Pretendemos brindar certidumbre jurídica a largo plazo, y para ello hace falta transparencia en el proceso de legitimación y legalidad", expresó el gobernador Capitanich.

En este innovador proceso, se contará con la cooperación total del COMFER, no sólo desde el punto de vista de la documentación, sino también en cuanto al asesoramiento técnico, jurídico y legal, además de la participación de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) para la evaluación técnica y homologación del equipamiento respecto a la transmisión de la frecuencia.

"Estamos dispuestos a establecer mecanismos de financiamiento y subsidios directos para que todos los medios tengan equipos homologados de buena calidad para la mejor transmisión", expresó el gobernador.

En ese sentido, Capitanich aseguró que la calidad de los medios de comunicación y la democratización del sistema, no se basa específicamente en equiparación de equipamiento, sino también en la capacitación del personal. Para ello, el convenio incluye, a través del ISER (Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica), los mecanismos para promover cursos gratuitos de capacitación que mejoren sustancialmente la calificación de todos los actores del sistema.
Si la finalidad primera del convenio es la regularización en el uso del espectro de frecuencia, la finalidad última es la calidad institucional a través de un modelo de comunicación en el que primen la libertad de expresión y el pluralismo.

"La calidad institucional tiene que ver con un conjunto de pilares, en el que tienen que existir partidos políticos bien organizados, medios de comunicación de buena calidad, expresión plural de la sociedad, Poder Judicial independiente, Poder Legislativo activo con capacidad para un debate abierto, con plena interacción entre el Estado y la sociedad civil", aclaró el gobernador.

En la búsqueda de la calidad institucional, el gobernador Jorge Capitanich convocó a participar del proceso a todos los actores de los medios de comunicación, como actores indispensables para la construcción del sistema de inclusión social. "Estamos comenzando este camino extraordinariamente positivo y convoco a los actores indispensables del sistema para construir juntos, la calidad institucional", expresó.

En el contexto del convenio con el COMFER, el gobernador de la provincia del Chaco hizo referencia a las condiciones que deben tener los medios de comunicación para relacionarse en materia de publicidad con el Gobierno provincial.

En ese sentido, Capitanich advirtió que la publicidad del Estado consta de tres requerimientos básicos: el medio de comunicación debe estar inscripto en el Registro de Agencias Publicitarias (RAP), la regularización radial debida y la inscripción como proveedor del Estado.

Como última medida, pero no menos importante, Capitanich indicó que es condición fundamental para la publicidad del Gobierno, la formalización de todos los trabajadores del medio de comunicación.

Rechazo del Cispren

Se trata de las demandas presentadas por el viudo de Nora Dalmasso a varios periodistas.

El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTA) rechazó en Río Cuarto, en una conferencia de prensa, el intento de silenciar la libre expresión y la independencia periodística que significa la demanda económica iniciada por Marcelo Macarrón en contra de tres periodistas, por haber informado sobre el asesinato de su esposa Nora Dalmasso y su posterior investigación policial y judicial.

El viudo de la víctima -quien fuera asesinada en Río Cuarto en noviembre de 2006 en un crimen aún no esclarecido- presentó el 27 de diciembre pasado un pedido prejudicial de indemnización por 300 mil pesos contra Hernán Vaca Narvaja, director de "Sur – La revista del centro del país", por una cifra similar contra Facundo Pastor, de "América Televisión", y por 50 mil pesos contra Alejandra Elstein, directora del semanario riocuartense "Otro Punto".

Al respecto, el secretario de Organización del Cispren y de Comunicación y Difusión de la CTA, Juan Carlos Giuliani, quien afirmó que los periodistas demandados "han sido elegidos para escarmentar a los trabajadores de prensa que tengan como único fin el de informar a la comunidad sobre aquellos hechos de gravedad que son de interés general".

Hacia un irrestricto acceso a la información

FOCOS presentó ante el Concejo Municipal una nota en la que se observan algunos aspectos del mensaje girado por el DEM con el objeto de tener una ordenanza de acceso a la información irrestricto.

La nota:

Santa Fe, 2 de enero de 2008

Sr. Presidente

Honorable Concejo Municipal de Santa Fe

Jorge Henn

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De mi mayor consideración:

Recientemente, el cuerpo legislativo que usted preside inició el tratamiento de un mensaje del intendente Mario Barletta, donde se consagra el acceso a la información pública en la ciudad de Santa Fe. Desde el Foro de la Comunicación Santafesino – FOCOS - consideramos que la sanción de una ordenanza de estas características sería un paso muy importante para el mejoramiento de la calidad institucional, el fomento de la participación y la transparencia en la gestión de gobierno.

Es importante destacar que el acceso a la información pública es un derecho que excede el reclamo puntual de los trabajadores de prensa y que su vigencia potencia las posibilidades de intervención ciudadana en el control de los actos de gobierno.

El alcance social de este derecho fue puesto en evidencia en los últimos años por el Foro de Comunicación Santafesino, que junto a numerosas organizaciones de la sociedad civil santafesina, impulsó ante autoridades locales y provinciales la sanción de normas que aseguren el acceso a la información pública sin restricciones.

Con este objetivo, el 7 de junio de 2006, en ocasión de conmemorarse el Día del Periodista, FOCOS presentó en el Concejo Municipal de Santa Fe un proyecto de ordenanza sobre Libre Acceso a la Información Pública, el cual fue debatido con integrantes de todos los bloques legislativos y recibió despacho favorable de la Comisión de Cultura del cuerpo, pero sin llegar a ser debatido en el recinto.

Ahora vemos con satisfacción que el proyecto impulsado por el intendente Mario Barletta recoge buena parte de las recomendaciones planteadas en su momento por las organizaciones de la sociedad civil santafesina.

Sin embargo, consideramos necesario realizar algunas observaciones al texto del mensaje con el objetivo de perfeccionar algunos artículos que pueden significar un entorpecimiento al derecho de acceso a la información pública.

Por un lado, el artículo 1º del proyecto sostiene que el “objeto” de la ordenanza es establecer “el marco general” para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, dejando para una posterior reglamentación la manera de ponerlo en práctica. Si bien la iniciativa plantea un plazo máximo de 90 días para esto, sería mucho más eficaz y transparente que la nueva ordenanza sea operativa desde el momento de su sanción, dejando para una posterior reglamentación solo aquellos aspectos instrumentales que el Departamento Ejecutivo Municipal pueda resolver a medida que se va aplicando.

Por otro lado, resulta contradictorio con el objetivo del proyecto, las restricciones que pueden surgir a los pedidos de información pública referidos al Concejo Municipal. En efecto, el artículo 14º de la iniciativa oficial indica que el cuerpo legislativo podrá reglamentar “cuestiones no contempladas” en la ordenanza votada, cuando esta posibilidad solo debería quedar limitada a la definición de los responsables y las dependencias encargadas de responder los requerimientos informativos.

En el mismo sentido, el segundo párrafo del citado artículo, establece que: “Cuando la información solicitada competa al Honorable Concejo Municipal en su conjunto, se le dará el trámite parlamentario que corresponda”. Según nuestra interpretación, el procedimiento adoptado genera una situación de excepción para el cuerpo legislativo local, ya que frente a la formulación un pedido de información, la respuesta puede dilatarse más allá de los 15 días hábiles más prórroga que disponen los otros entes de la administración municipal alcanzados por la obligación de informar.

La mencionada situación de excepción surgiría, debido a que un eventual pedido de información que involucre “al Honorable Concejo Municipal en su conjunto”, primero debería ingresar por Mesa de Entradas, sería tratado como Peticiones Particulares en el recinto, luego debería ser girado a las comisiones para la elaboración de la respuesta, y recién cuando obtenga despacho favorable podría ser aprobado, para finalmente llegar a las manos del solicitante.

Este mismo procedimiento también deja abierta la posibilidad de no responder.

Entendemos que este aspecto del proyecto de ordenanza debe ser revisado para evitar que los pedidos de información dirigidos al Concejo Municipal quedan sujetos a un procedimiento especial y restrictivo, diferente al que regiría para las otras dependencias de la administración municipal.

Por último, reiteramos la importancia que tendría para la ciudad de Santa Fe la aprobación de una ordenanza de acceso a la información pública sin restricciones ni procedimientos de excepción.

Quedamos a disposición de los concejales o las comisiones del cuerpo para cualquier consulta que se considere pertinente.

Aprovecho la ocasión para saludarlo atte.