domingo, agosto 03, 2008

La UTPBA pidió una audiencia con el ministro de Seguridad bonaerense

La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA-CTA) realizó un pedido de audiencia al Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, doctor Carlos Stornelli.

Motiva el pedido los reiterados ataques registrados contra contra una de las sedes de la organización, el Complejo Recreativo Cultural que la entidad posee en la localidad de Moreno.

Los atentados, producidos el pasado sábado 19 y jueves 24 de julio, dejaron como saldo destrozos en la cabina de atención a los afiliados y en distintas zonas del complejo, así como el robo de mobiliarios y material administrativo.

Firmada por Daniel Das Neves, secretario General; y Ana Villarreal, secretaria de Derechos Humanos, la carta enviada a la cartera bonaerense de seguridad –con copia al Ministerio de Interior de la Nación, Florencio Randazzo- expresa que “ante la gravedad del hecho, pedimos tenga a bien recibir a las autoridades de nuestra organización, para que su cartera intervenga en la investigación y esclarecimiento de esta grave acción delictiva contra nuestra entidad”.

En el último de los párrafos del documento dirigido a Stornelli, la UTPBA recuerda y relaciona los dos hechos ocurridos este mes, con los tres atentados sufridos anteriormente.

“Entendemos que la gravedad de estos hechos amerita se nos atienda, tomando a consideración que estos dos atentados se suman a tres anteriores debidamente denunciados en su oportunidad ante el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y los representantes de los organismos de seguridad del Gobierno Municipal de la ciudad de Moreno, como así a la policía del lugar”, finaliza la misiva.

Un camarógrafo de Canal 26 fue herido en un ojo y sufrió desprendimiento de retina

Jano Ubierna, fue herido en un ojo durante la desmedida represión policial a la protesta de los trabajadores estatales. Solidaridad del Cispren con el compañero agredido y repudio a los responsables políticos que sumieron a Córdoba en esta jornada de violencia.

El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren) se solidarizó con el camarógrafo de Canal 26, Jano Ubierna, quien fue herido en un ojo durante la desmedida represión policial a la protesta de los trabajadores estatales, al tiempo que manifiesta su más enérgico repudio a los responsables políticos que sumieron a Córdoba en esta jornada de violencia.

Según varios testimonios, el compañero Ubierna sufrió el impacto de un balazo de goma que le produjo desprendimiento de retina, por lo que se encuentra internado en el Hospital de Clínicas a la espera de ser operado.

Otros trabajadores de prensa también sufrieron las consecuencias de la batalla campal que se libró en las calles de Córdoba, mientras los legisladores seguían adelante con la sanción de la reforma previsional sin inmutarse por lo que ocurría fuera del recinto.

Tal es el caso de Mario Ruarte, camarógrafo de Canal 10, quien sufrió un golpe en una mano en medio de la refriega.

Este gremio ya denunció públicamente como “compulsivas y confiscatorias” las medidas anunciadas por el gobernador Juan Schiaretti, y expresó que los trabajadores no debían pagar el costo de la mala administración de la Caja de Jubilaciones durante el gobierno de De la Sota, del cual el actual Gobernador formó parte.

Ahora a este costo se agrega la irracional decisión de sancionar la ley a toda costa, en una verdadera farsa deliberativa, y contra la previsible y lógica resistencia de los trabajadores, que para colmo de males intenta ser sofocada con una represión igual de absurda.

El incendio en la planta transmisora de Radio Nacional fue intencional, después hubo más robos

Las pericias policiales determinaron que fue intencional el incendio ocurrido el 14 de junio, que destruyera totalmente las instalaciones y el equipamiento de la planta transmisora de AM de la filial local de Radio Nacional. Después hubo otros robos, sacaron hasta el cable de las balizas.

La directora de Radio Nacional San Luis, Silvia Niño, informó que el incendio que sufrió la planta transmisora de la emisora estatal 'fue intencional', de acuerdo a las pericias que realizó la Policía de la Provincia y fueran giradas a su par Federal.

Niño señaló además, que luego del incendio producido el 14 de junio último en el predio de Rodeo del Alto, a las afueras de la ciudad de San Luis, donde se destruyeron completamente los equipos de transmisión para la emisión en Amplitud Modulada, autores ignorados 'se robaron todo el cable coaxil' entre la caseta y la antena y también 'el cable que llevaba corriente a las balizas'.

'Hay huellas de una camioneta', precisó la funcionaria, sin salir de su asombro, porque para ella 'esto no es un trabajo de pocos minutos, el coaxil es muy pesado y no es fácil de transportar'.

También se mostró molesta con el gobierno de San Luis, ya que 'ni el ministro de Seguridad (Guillermo López), ni el gobernador (Alberto Rodríguez Saá) se interesaron por el atentado, u ofrecieron algún tipo de garantías o ayuda para esclarecer el caso'. Si bien reconoció que el predio es de jurisdicción nacional, remarcó enojada: 'Es su territorio, caramba; es un patrimonio de todos los argentinos y particularmente de los puntanos. La radio vincula a los pobladores de los parajes más lejanos, y lo utilizan para mandar mensajes sobre gente que viaja, sobre la necesidad de remedios', explicó.

'Me he constituido en querellante para poder seguir el trámite y tener acceso al expediente, para que no quede dormido en los cajones de algún escritorio como otras denuncias', remarcó Silvia Niño.

La directora de RNSL adelantó que muy pronto pondrán en funcionamiento nuevamente la estación, 'con equipamiento de última tecnología, lo que permitirá cubrir todo el territorio provincial' y que han hecho gestiones para contratar una guardia de seguridad permanente para custodiar el predio, ya que si bien el incendio fue el hecho más grave 'sin antecedentes en la historia de las filiales de Radio Nacional en el país', desde su asunción, hace poco más de un año, han sufrido una serie de atentados, inclusive ella misma recibió una amenaza de muerte por teléfono.

'Unos días antes del incendio, se habían robado una consola para transmisión de exteriores, que los técnicos habían llevado allí para arreglar', recordó. También autores ignorados habían hecho una quema de pastizales que llegó hata la puerta misma de la caseta donde estaba instalada la planta emisora.

El lugar, si bien es a las afueras de la capital puntana, está urbanizado y se encuentra frente a la ruta provincial Nº 20, que es dénsamente transitada y paso obligado para quienes se dirigen desde San Luis al circuito serrano y las localidades satélites como Juana Koslay, El Volcán, El Trapiche y Potrero de los Funes.

El gobierno nacional gasta 55% más de publicidad oficial

Durante 2007 el Poder Ejecutivo Nacional invirtió 322.392.600,63 pesos en publicidad oficial, un 55 por ciento más que durante 2006. Los datos surgen de un informe que presentó la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) sobre la inversión publicitaria del PEN. El documento –que se basa en información proporcionada por la Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación como consecuencia de pedidos de información pública- forma parte del monitoreo que viene realizando la ADC sobre el tema.

En este informe se examinan varias campañas publicitarias, la distribución geográfica de la pauta y el reparto según organismos, rubros y medios. También, el aumento del gasto en publicidad oficial y cuestiones vinculadas con los procesos de contratación.

Algunas de las conclusiones alcanzadas son las siguientes:

a) Las cifras ratifican la tendencia al alza que tiene el gasto publicitario en los últimos tiempos. Así, mientras que en 2003 se gastaron 46.267.906 pesos, en 2004 se duplicó esa cifra alcanzando los 99.815.380 pesos. En 2005 el gasto fue de 127.462.075 pesos, y en 2006 superó los 209 millones. En todos los casos los presupuestos originales fueron largamente superados por la ejecución final.

El aumento del gasto en concepto de publicidad oficial –si está debidamente justificado– no debiera ser problemático per se. Sin embargo, en un contexto donde no hay criterios claros y objetivos, y sí una gran discrecionalidad en la utilización de los fondos públicos, el aumento exponencial de los montos destinados a publicidad oficial genera preocupación por su posible impacto en el sistema de medios de comunicación y en el debate público.

b) Durante el período analizado subsistieron algunas campañas del PEN que cabe cuestionar por destacar, sin justificación aparente, la figura de funcionarios públicos u organismos gubernamentales, algo que es contrario al fin de utilidad pública que debiera tener la publicidad oficial. Es el caso específico de la campaña "visitas presidenciales", que ocupó el cuarto lugar dentro de las campañas que más dinero demandaron en el año 2007.

Estos avisos en conjunto pasaron de ocupar el sexto lugar en 2006 al cuarto en 2007 (con 14.899.431 pesos de inversión), triplicando lo dispensado en otras campañas de interés público como "Trabajo registrado", del Ministerio de Trabajo, o "Factura en mano", de la AFIP. Se trata de la principal campaña ordenada por Presidencia de la Nación en 2007. La campaña "Visitas" fue creciendo durante el año hasta alcanzar sus niveles más altos de inversión en septiembre, cuando requirió 2.930.383, y en octubre, con 2.269.636 pesos. En los últimos dos meses del año cesó de promoverse. Llama la atención este hecho teniendo en cuenta las elecciones de octubre del año pasado.

c) Otra de las características verificadas en 2007 es que la inversión publicitaria directa (esto eso, invertida directamente en medios específicos, sin pasar por intermediarios como productoras, agencias de publicidad u otros) en el rubro de diarios, revistas, radios y TV tendió a concentrarse en medios de la Ciudad de Buenos Aires y en los de distribución nacional, mientras que el porcentaje que se destinó a medios del interior fue relativamente bajo.

Las provincias que mayor pauta del gobierno nacional han recibido en forma directa fueron –en orden decreciente- Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Santa Cruz.

En Santa Cruz, más de la mitad de estos fondos pautados en forma directa (sin contar a las productoras u otros intermediarios) fueron destinados a medios pertenecientes a Rudy Ulloa Igor, empresario de medios que según investigaciones periodísticas está muy vinculado al ex presidente Néstor Kirchner y a la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner

El informe incluye la lista de los proveedores provinciales que mayor cantidad de pauta oficial en los rubros diarios, revistas, radios y TV recibieron del Gobierno nacional en forma directa.

d) Algunas asignaciones de publicidad oficial a medios durante 2007 resultan difíciles de justificar por parámetros objetivos y parecieran ser el resultado de decisiones basadas en la línea editorial de los medios u otras razones. El informe detalla el reparto en Gráfica, TV y Radio.

e) Finalmente, otra de las características detectadas es la importante presencia de empresas productoras, agencias de publicidad y otros intermediarios como proveedores de publicidad oficial en 2007. Entre los cien principales proveedores de ese año, 41 son empresas productoras, agencias de publicidad u otros intermediarios. En los rubros de cable, radio y TV dicha proporción es todavía mayor.

La ADC insiste en la necesidad de establecer marcos normativos adecuados que regulen la producción, contratación, distribución y control de la pauta del Estado. En este sentido, celebra los proyectos de ley que se han presentado en varias provincias y a nivel nacional, y la sanción de un marco regulatorio en Tierra del Fuego. A nivel nacional, la ADC llama la atención sobre la inactividad del Congreso para tratar los proyectos de ley presentados.

"Ustedes no se ajustan a la cultura organizacional que la empresa pretende"

Los periodistas Jorge Fernández Rojas y Analía Boggia fueron despedidos de su trabajo en el Diario Los Andes. Esta actitud motivó la realización de una medida de fuerza que afectó la salida de la edición de hoy del diario. Esto ocurrió en el marco de una discusión paritaria que se desarrolla para conseguir una actualización salarial, pago de horas extras y otros temas.

La Subsecretaría de Trabajo notificó que el conflicto entre la empresa y sus periodistas ingresaba en una etapa de diálogo, durante 15 días hábiles. El periódico deberá reincorporar a los dos empleados despedidos.

Esta decisión de la empresa motivó que casi la totalidad de la redacción periodística parara ayer con sus funciones habituales. Por ello, hoy la sección principal de Los Andes fue confeccionada por los editores, y ningún periodista local firmó las notas.
La primera consecuencia de la medida de fuerza ya se notó hoy: Los Andes salió a la calle alrededor de las 6 de la mañana cuando habitualmente lo hace a las 12 de la noche y redujo su cantidad habitual de páginas.

Dicen los trabajadores:

Los periodistas del diario llegaron al paro motivados principalmente por dos despidos de colegas del área de política. Estaban en paritarias discutiendo entre otros reclamos la cuestión salarial. Luego de conocida la noticia realizaron una asamblea y redactaron el siguiente acta:


En el día de la fecha, 31 de julio de 2008, los trabajadores de Diario Los Andes reunidos en Asamblea -con comunicación al subsecretario de Trabajo y al Ministerio de Trabajo de la Nación, en la sede de la empresa Diario Los Andes Hnos. Calle S.A. con CUIT 30-50009477-6-, en forma conjunta con autoridades del Sindicato de Prensa de Mendoza, asisten en defensa de los derechos de los trabajadores conforme a lo establecido por la ley 23.551, ley 12.908, y decreto ley 13.839/46 y a pedido de la asamblea, solicitan a la empresa en función de las medidas adoptadas por ésta: la reincorporación inmediata de los trabajadores Analía Boggia DNI 27.765.658 y Jorge Fernández Rojas DNI 16.553.929, separados de sus puestos de trabajo en el día de la fecha, sin causa, en forma verbal, ni comunicación fehaciente, y solicitan el amparo de todos los trabajadores abajo firmantes. En este contexto, quienes suscriben adoptan la medida de retención laboral, que se extenderá hasta tanto se dé una respuesta favorable a lo arriba mencionado. La resolución acordada por esta Asamblea responde estrictamente a la acción directa de la empresa al despedir a dos trabajadores, en el marco de las negociaciones paritarias en curso, las que tratan entre otros aspectos, el incremento salarial conforme a lo establecido en Acta con fecha 1° de julio del corriente año presentada en el expediente ante el Ministerio de Trabajo, Regional Mendoza (Paritaria).

El acta está firmada por casi sesenta trabajadores de prensa del citado matutino.

El comunicado de la empresa:

Los voceros de la empresa editora hicieron conocer su postura mediante un comunicado:


La desvinculación de la señorita Analía Boggia y del señor Jorge Fernández Rojas responde a causa de orden estrictamente laboral, en razón de que el estilo de trabajo en el ámbito periodístico de las personas desvinculadas no se ajusta a la cultura organizacional que la empresa pretende. Estas diferencias mencionadas originan a la conducción de la empresa una incomodidad que es del conocimiento del conjunto de la organización. Ante la existencia de versiones que atribuyen la desvinculación de estas personas a reclamos salariales, resulta necesario aclarar que la decisión de la empresa es totalmente ajena a tales circunstancias.

Respaldo de la Coalición por una Radiodifusión Democrática al proyecto de “Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales”

La Coalición por una Radiodifusión Democrática le envío una carta a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para ofrecerle apoyo frente al proyecto de “Ley de Servicios de Comunicación audiovisuales” que reemplace la Ley de Radiodifusión de la Dictadura Militar. La Coalición, integrada por organizaciones sociales y cooperativas, sindicatos, universidades, organismos de Derechos Humanos, asociaciones de radiodifusores y radios comunitarias, impulsa desde 2004 los “21 puntos por el Derecho a la Comunicación” que formarían parte del proyecto que el ejecutivo presentará al Congreso.

Mediante una carta enviada a la presidenta, la Coalición por una Radiodifusión Democrática se manifestó dispuesta a “apoyar, acompañar y sostener el proyecto que Ud., con valentía institucional, se ha comprometido a impulsar, teniendo en cuenta los ‘21 puntos por el Derecho a la Comunicación’”.

“Entendemos que la radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano para garantizar la diversidad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica asegurar la igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión”, dice la nota enviada a la presidenta.

Impulsadas por el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), organizaciones populares comenzaron a reunirse en 2003 para presentar una propuesta conjunta para reemplazar el decreto-ley de 1980. Los gremios de la comunicación de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), las Universidades Nacionales, organizaciones sociales, cooperativas y organismos de Derechos Humanos lograron acordar los 21 puntos por el Derecho a la Comunicación presentados públicamente el 27 de agosto de 2004, y entregados en aquel tiempo al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo. Este año, el 16 de abril, fueron entregados personalmente a la presidenta.

En abril de este año el gobierno comenzó las rondas de consulta para la redacción de un proyecto que reemplace al decreto-ley 22.285/80 de la dictadura militar. El primer encuentro fue con la Coalición por una Radiodifusión Democrática y allí el gobierno se comprometió a tomar como base para el nuevo proyecto los 21 puntos presentados.

La Coalición por una Radiodifusión Democrática multiplicó los debates, seminarios, foros y mesas redondas por todo el país para que se conozca la necesidad de modificar el decreto-ley vigente, y para difundir la propuesta de los 21 puntos básicos para una radiodifusión democrática.

La carta a la presidenta está encabezada por las firmas de Hebe de Bonafini (Asociación Madres de Plaza de Mayo), Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), Hugo Moyano (secretario General de la CGT) y Hugo Yaski (secretario General de la CTA), entre las diversas organizaciones y personalidades que conforman la Coalición.

Catalina Botero, defensora de la expresión de todo el continente

Catalina Botero fue nombrada como Relatora Especial para la libertad de expresión el pasado 21 de julio; y aunque es magistrada auxiliar, abogada, especialista en Derechos Humanos, y defensora a ultranza de la Constitución, el nuevo cargo lo recibió como si fuera el primero de sus logros.

Rodeada de libros, esculturas, un par de fotos, escuchando música clásica y tomándose una taza de té, Catalina Botero dice que está feliz, muy feliz, de haber sido nombrada hace pocos días como relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los ojos le brillan mientras habla y como una adolescente relata lo que será su vida a partir del mes de octubre.

Es hija de un arquitecto diseñador y una ecóloga que dedica parte de su tiempo a tocar el piano. Estudio en el colegio Juan Ramón Jiménez de Bogotá y se graduó como abogada de la Universidad de los Andes.

"La relación entre los medios de comunicación y el Estado siempre ha sido una relación de tensión. Lo importante es saber que la censura no solo existe cuando se dictan medidas donde se prohíba a algún medio publicar algo", empieza diciendo la nueva relatora especial para la libertad de expresión.

Su nombramiento se dio gracias al conocimiento que Botero tiene sobre el tema, su visión estratégica para optimizar los recursos y las acciones a favor de este derecho, y el plan de trabajo que presentó ante la Comisión. Esas tres razones la llevaron a ser escogida entre 69 aspirantes al cargo.

A partir de octubre, Catalina Botero empezará a implementar el plan de trabajo que deberá velar por la protección y promoción de la libertad de pensamiento y expresión en la región. Entre sus tareas está la de realizar informes sobre el estado de la libertad de expresión y de prensa en la región, la de recomendar a la Comisión que se tomen medidas cautelares para proteger a algún periodista en riesgo, o presentarle casos específicos de violaciones a la libertad de expresión a la Corte de Derechos Humanos para que los juzgue.

"Hay muchas tipos de censura, sobre todo en los países donde las organizaciones delincuenciales han traspasado las fronteras. Censura también es el asesinato de un periodista y el Estado tiene la responsabilidad de prevenir e investigar ese tipo de casos", dice Catalina Botero y cita la historia del periodista Orlando Sierra, quien fue asesinado en Manizales en enero de 2002. Si bien los autores materiales del asesinato están condenados, la investigación contra los autores intelectuales no ha avanzado demasiado.

"Lo bonito de ese caso fue que los medios mandaron a su mejor gente, sus unidades investigativas, los periodistas más tesos, para que miraran lo que estaba pasando en Manizales".

Lo primero que hará Botero cuando se posesione en su nuevo cargo será una agenda en la cual programará los principales temas para desarrollar en los próximos tres años, y si la Comisión y ella así lo quieren, prorrogarlo durante otros tres años más.

El primer tema por el cual luchará desde su cargo será por la implementación de accesos a la información pública en los países de América. "Que la gente pueda conocer esa información salvo en muy pocos casos de extremísima seguridad permite un mejor control ciudadano", dice.

El segundo tema será recomendarle a los estados que tengan leyes antimonopolio para garantizar la libertad de expresión. Y aunque Catalina Botero se abstiene de hablar de países en específico porque aún es magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, dice que no hay libertad de expresión en un país que tenga muchos medios de comunicación que transmiten la misma información oficial.

"Aunque suene paradójico, el Estado debe garantizar que hayan medios de oposición, que sus críticos tengan la oportunidad de decir, de desahogarse, de expresarse. Y debe garantizar el Estado que también hayan medios alternativos".

La tarea que le espera a Catalina Botero no es nada fácil. Ella está feliz y confiada de cumplir un gran papel al mando de una oficina en la cual deberá velar desde su funcionamiento administrativo hasta los casos específicos donde sea necesario intervenir a favor de un periodista o de un ciudadano en riesgo de perder su derecho a la expresión. Y aunque es la primera colombiana en ocupar este puesto, dice que su trabajo será igual de intenso en cada uno de los países de América: ahora es una ciudadana de todo el continente.

Fuente: La Semana.

domingo, julio 27, 2008

El Concejo por la Ley de Radiodifusión

El Honorable Concejo Municipal de Santa Fe declaró su adhesión a los 21 puntos elaborados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática. FOCOS había mantenido un encuentro con el presidente del Cuerpo solicitando el tratamiento del tema.

Ver "21 puntos"
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A través de la Declaración Nº 1288, el Honorable Concejo Municipal de Santa Fe expresó su adhesión a los 21 puntos para una ley de radiodifusión de la democracia.

En su oportunidad, el Foro de la Comunicación Santafesino —FOCOS— había mantenido un encuentro con el Dr. Jorge Henn, presidente del cuerpo, para interesarlo sobre el trabajo de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. En el encuentro se le manifestó la importancia de una manifestación de apoyo del Concejo Municipal santafesino a la declaración de los 21 puntos.

Repudio a ataque anónimo contra la sede de CTA Río Cuarto

El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren) repudia la agresión y los daños cometidos en la madrugada del martes 22 contra la sede de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) en la ciudad de Río Cuarto. También fue agredida la sede del Cispren Villa Dolores.

Los agresores, aún no identificados, forzaron una persiana metálica, y con un palo de madera rompieron dos ventanales de vidrio que dan a la calle. Además, hicieron estallar una botella contra la entrada principal, aunque no lograron ingresar al salón.

La comisión directiva de la CTA Río Cuarto ya realizó una denuncia policial en la sede de la Unidad Regional Nº 9, para que se esclarezca este vergonzoso hecho de violencia material y que la impunidad no siga encubriendo las actuaciones de quienes recurren a la violencia para acallar las demandas populares.

Daños a sede del Cispren en Villa Dolores

En otro episodio de similares características, fue dañada la fachada del local de donde acababa de mudarse la sede del Cispren en la ciudad de Villa Dolores.

En la vidriera destruida intencionalmente con un ladrillo, todavía no habían sido quitados los logos del sindicato y la obra social de prensa, por lo que hace pensar que se trata un intento de amedrentamiento y un ataque dirigido contra nuestra organización.

El Cispren se solidariza con los compañeros de Villa Dolores y de la CTA Río Cuarto y deplora estos cobardes actos de violencia anónima, que no son aislados, puesto que forman parte de una secuela de ataques que vienen sufriendo militantes y locales de nuestra central en todo el país, como el secuestro de Pablo Micheli, secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y adjunto de la CTA nacional, o el ataque perpetrado contra el local de ATE en el INDEC, así como también las agresiones y amenazas sufridas por los trabajadores y trabajadoras de dicho organismo el 21 de julio pasado.

Negociaciones por un básico de 1.500 pesos en LV 12

Una delegación de la Asociación de Prensa de Tucumán mantuvo el viernes una reunión con directivos de la empresa. También se planteó la necesidad de eliminar los tickets canasta y recategorizar a los compañeros. La próxima semana habrá una respuesta y luego se realizara una asamblea.


Una delegación de la Asociación de Prensa de Tucumán (APT) integrada por Héctor “Tato” Heredia, secretario de Acción Social, Domingo Gil, secretario Gremial, Ramiro Rearte de Prensa y el directivo Diego Tomas, a la cual se sumó Horacio Flores, mantuvo en la mañana de viernes un encuentro con autoridades de LV para llevarles una serie de reclamos salariales y laborales. Por el lado de la empresa estuvieron el representante legal Marcelo Jiménez Santillán y el contador Carlos Corrales.

Desde el gremio se planteó la necesidad se llevar el salario básico (actualmente en 920 pesos) de los 12 trabajadores de prensa a 1.500 pesos y la entrega de 500 pesos no remunerativos por única vez, una especie de compensación ante el proceso inflacionario que se desató en los últimos meses mientras se llevaba adelante la negociación. La reunión fue cordial y amena, y los directivos de la firma se comprometieron a llevarle el planteo Waldo Camilo López, titular de la firma.

También se habló de la incorporación al salario básico de las cifras que actualmente los compañeros perciben mediante tickets canasta y la necesidad de recategorizar al personal de acuerdo a las tareas que efectivamente cumplen dentro de la emisora radial. Desde el sector patronal se explicó que la empresa ya tenía en carpeta el análisis de un aumento en los haberes de sus empleados.

Los pedidos se elevaron luego de consensuarlos con los afiliados en una serie de reuniones informales, y ayer se pautó una nueva asamblea luego de que la empresa presente sus respuestas a los pedidos de la APT y los trabajadores.

Paro en los medios cordobeses

La Asamblea General Extraordinaria del Cispren realizada el jueves resolvió en forma unánime realizar un paro de dos horas por turno para el próximo miércoles 30 de julio, en los medios de comunicación de la provincia, en reclamo de incremento salarial.

Además, el colectivo del gremio decidió intensificar las actividades de difusión del conflicto para dar a conocer la intransigencia patronal frente al planteo de una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo del salario deteriorado por el proceso inflacionario.

La medida de fuerza surgió como respuesta a la insuficiente oferta presentada por la representación paritaria empresarial en la Agencia Territorial Córdoba del Ministerio de Trabajo de la Nación.
El supuesto “mayor esfuerzo”

La propuesta patronal -presentada en la reunión del miércoles como “el mayor esfuerzo que la actividad en su conjunto puede ofrecer”-consistía en un incremento al salario básico de un 15% en julio más un 5% en octubre y $300 no remunerativos, vigente hasta marzo de 2009. Además, respecto al reclamo de un no remunerativo que compense la evolución de precios del primer semestre, sólo ofrecieron una suma única de $1.000 para Capital y $800 para el interior.
Incidencia del mínimo vital y móvil

El Cispren rechazó por insuficiente la oferta patronal, ya que “se encuentra por debajo de toda consideración relativa al deterioro de la situación salarial de los trabajadores y la posibilidad concreta de las empresas”. Asimismo, reiteró que el gremio ha manifestado “la mayor flexibilidad” al ubicar su aspiración en un 35%.

Por otra parte, destacó que la incidencia del Salario Mínimo, Vital y Móvil, una histórica referencia convencional para la determinación de los salarios básicos, “cobra una especial relevancia” ante su inminente modificación, que según las versiones periodísticas lo elevaría un 25%.

En ese sentido, la representación paritaria del gremio exhortó a las empresas a “analizar integralmente la situación y priorizar en su posición la necesaria recomposición de los salarios básicos convencionales”. Finalmente, se dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves 31, a las 15.

Devuelven los equipos de transmisión a FM Freeway

La lucha llevada adelante por el colectivo de FM Freeway Rock y la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), con el apoyo de diversos sectores de la sociedad, permitió lograr que la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) finalmente le devolviera a la emisora de Ramos Mejía los equipos de transmisión que le había secuestrado el pasado lunes 23 de junio.

La entrega se produjo el lunes 21, cuando en la sede del Depósito de Elementos en Guarda, la CNC entregó a los responsables de la emisora, “en carácter de depositarios”, los equipos que habían sido “secuestrados preventivamente”.

La UTPBA y FM Freeway solicitaron al COMFER la devolución de los equipos por la función social que cumple la emisora en la comunidad, lo que finalmente fue atendido por la CNC.

El responsable del Área de Prensa e integrante de la Red de Comunicación de la UTPBA, Héctor Sosa, afirmó que “este es un ejemplo más de la forma como se debe defender los medios de comunicación locales y regionales, que cumplen las funciones públicas que los grandes monopolios ignoran”.

“La determinación de éste ámbito del COMFER y de la CNC, de actuar de manera distinta a como se venía haciendo en décadas anteriores, y la lucha emprendida en forma amplia por los integrantes de la radio, la UTPBA y la sociedad, dejaron a las claras que no es imposible la permanencia de miles de medios de comunicación que posibilitan la práctica efectiva del derecho a la información y son garantía laboral de 50 mil comunicadores sociales de todo el país”, agregó.

Inmediatamente después del allanamiento, la UTPBA y los responsables de Freeway reclamaron ante las autoridades del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) y de la CNC la restitución de los equipos por considerar una contradicción política y legal producir una acción de esta naturaleza, que atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información, cuando el propio Estado nacional promueve la eliminación de la ley de Radiodifusión 22.285, decretada durante la dictadura militar.

En la reunión con el COMFER estuvieron presentes Omar Moretti y Leandro Cravé, directores de Freeway Rock, y Sosa y Diego Della Corna, integrantes de la UTPBA, quienes le solicitaron al organizamos estatal de radiodifusión 2la pronta intervención para la devolución de los equipos y la defensa de todas y cada una de las radios regionales”.

Posteriormente, Freeway Rock, con el aval de la UTPBA, realizó una presentación en donde se detalla la historia de la emisora y se afirma que “no se pueden producir acciones de decomiso, presiones o cualquier tipo de impedimento para el libre funcionamiento de emisoras, como este caso, cuando se ha determinado que en el transcurso de este año se debatirá y sancionará una nueva ley que diseñará el marco legal en el cual la radiodifusión deberá funcionar”.

FM Freeway recibió la inmediata solidaridad y el acompañamiento masivo en su reclamo de vecinos y oyentes de la radio, así como de periodistas, locutores, artistas, grupos musicales, emisoras colegas y organizaciones sociales, vecinales y culturales.

sábado, julio 19, 2008

Carlos del Frade presenta su libro en Santa Fe

El jueves 31 de julio, a las 19.30, el periodista rosarino presentará "Ciudad Goleada 2. Fútbol, lavado de dinero y poder". Organizada por FOCOS, la cita es en el nuevo local de la CTA, Rivadavia 3185.

El próximo jueves 31 de julio, de la mano de FOCOS, Carlos Del Frade presentará su último libro, "Ciudad goleada 2. Fútbol, lavado de dinero y poder". En la presentación, el autor dará detalles de su último trabajo y ahondará e incursionará en interrogantes que tocan de cerca de los santafesinos: ¿Por qué Colón y Unión nunca salieron campeones? ¿Qué hay detrás de Eduardo López? ¿Quiénes se beneficiaron con el saqueo de Central?

Cabe recordar que Del Frade fue absuelto por la Justicia en noviembre pasado, en una causa iniciada por el presidente de Newell's tras la publicación de la primera parte de este libro. En esa oportunidad, FOCOS, a través de la Comisión Nacional de Libertad de Expresión de la FETRACCOM participó de la Campaña de Solidaridad.

Sobre el libro, dijo recientemente el diario Crítica: "Tres años después, la segunda parte de Ciudad goleada llega con un bonus: se ocupa del fútbol, sí, pero también del lavado de dinero y el poder que la pelota genera como efecto colateral. Del Frade detalla los contratos que Central firmó con empresas fantasma; cómo las comisiones directivas que se sucedieron ayudaron al vaciamiento del club, y por qué la barra brava del club canalla sirve como fuerza de choque para los dirigentes de turno".

Durante la presentación, el autor debatirá con el público y estarán disponibles para la venta ejemplares, a un costo de $ 25.

El encuentro se realizará en el nuevo local de la CTA (Rivadavia 3185), donde se habilitará también la muestra del periódico CGT, dirigido por Rodolfo Walsh e inaugurada por FOCOS en ocasión de la celebración del Día del Periodista.

Comisión Nacional de Libertad de Expresión

Con el fin de debatir el estado de la profesión periodística en el país, las violaciones a la libertad de expresión y los condicionamientos al derecho a la información, se reunió el 28 de junio pasado en la ciudad de Salta la Comisión Nacional de Libertad de Expresión de los trabajadores de prensa de todo el país, con la presencia de delegaciones de los sindicatos de prensa de Rosario, Córdoba, Tucumán, Mar del Plata, Salta, Jujuy, San Luis y Focos. El próximo encuentro de la CNLE se llevará a cabo en la ciudad de Santa Fe los días 12 y 13 de septiembre.

Tras repasar las reiteradas violaciones a la libre expresión en la provincia de Salta, la CNLE repudió las agresiones sufridas por el periodista Samuel Huerga, de San Ramón de la Nueva Orán, y las intimidaciones de las que han sido víctimas los trabajadores de FM El Sol, Tartagal.

Igualmente, se rechazó terminantemente la intención del Gobierno salteño de instalar "corralitos" para periodistas en las conferencias de prensa de los funcionarios públicos, ya que el instrumento limita en forma práctica y simbólica el trabajo periodístico y el acceso de la población a una mejor cobertura.

Los reiterados atentados sufridos por Radio Nacional San Luis merecieron una consideración especial por parte de la Comisión, que se solidarizó con directivos y trabajadores. En este caso, la CNLE reiteró su apoyo a la directora de la Radio, Silvia Niño por las amenazas de muerte recibidas, al tiempo que reclamó el urgente esclarecimiento de estos hechos y del alevoso incendio que destruyó la planta transmisora, privando a los habitantes de San Luis de una de las dos ondas de amplitud modulada existentes en la provincia. Se decidieron una serie de acciones destinadas a lograr ese objetivo y se ratificó la importancia que tiene la integridad de los medios públicos para los trabajadores de prensa del país.

Esta Comisión instó además a no cejar en la lucha por una Ley de Radiodifusión para la Democracia, reclamó el debate público de la norma sobre la base de los 21 Puntos para una Radiodifusión Democrática y bregó porque la nueva Ley incorpore a una realidad mediática pobre la diversidad étnica, lingüística y cultural de las distintas regiones del país. La incorporación de los excluidos de la comunicación, no sólo la de los pueblos originarios, es parte de la construcción de una comunicación más horizontal y democrática.

Los trabajadores de prensa de todo el país reunidos en Salta declararon finalmente que la precarización laboral, perpetuada en medios privados del interior del país y apañada en muchos casos por los propios gobiernos provinciales, es hoy la principal afrenta que sufre la libre expresión en la Argentina. Esta situación se ve agravada por la distribución inequitativa de la pauta publicitaria oficial, cuando favorece a los medios que violan las leyes laborales y cuando es utilizada como un perverso sistema de premios y castigos a la línea editorial de los medios de comunicación. La democracia requiere publicidad de los actos de gobierno, democráticamente trabajada y controlada por la ciudadanía, regulada por una ley que asegure además el acceso irrestricto a la información pública. Sólo garantizando el libre debate de las ideas fortaleceremos el sistema democrático.

Tucumán: Amplio respaldo de los compañeros a la lista Celeste y Blanca

La única lista oficializada por la Junta Electoral cosechó 436 votos sobre un total de 461 emitidos, lo que representa el 96 por ciento. Cerca del 60 por ciento de los compañeros se sumó al proceso electoral, que se llevó adelante a pesar de que la Junta tenía la potestad de proclamar a la única agrupación en condiciones de participar. Aval de la Justicia y de la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Nación.

La Lista Celeste y Blanca, Unidad y Organización, alcanzó un alto nivel de adhesión por parte de los compañeros en las elecciones de la Asociación de Prensa de Tucumán, que se realizaron el viernes. Cosechó 436 votos positivos sobre un total de 461 emitidos, alcanzando el 96 por ciento de respaldo. Hubo 25 votos en blanco u observados por las autoridades de mesa y la Junta Electoral. La cantidad de sufragios totales representa casi el 60 por ciento del padrón, compuesto por 773 trabajadores.

Se trata de un alto porcentaje, teniendo en cuenta que la agrupación que representa al oficialismo fue la única aprobada por la Junta Electoral de la APT (compuesta por Félix Mothe, Luis Monti y Rafael Medina) para participar de los comicios. A pesar de que el estatuto del gremio permite que la Junta proclame al ganador sin realizar las elecciones, se tomó la decisión de seguir adelante con el proceso que contó con el aval de las autoridades de la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Hay que destacar que también la Justicia avaló todo lo actuado mediante un fallo de la jueza Delicia Legname, del Juzgado de Conciliación y Trámites de la III Nominación, quien desestimó la acción de amparo que presentaron Alejandro Díaz y Facundo Pereyra con la intención de paralizar las elecciones. En la Feria Judicial hubo un nuevo intento por impedir los comicios, pero la medida cautelar solicitada por los mismos personajes tampoco fue aceptada.

El desglose de los votos emitidos en las 14 mesas habilitadas (dos de ellas volantes), es el siguiente: En las dos de La Gaceta votaron en total 46 compañeros, pero al cómputo hay que agregarle las boletas de los trabajadores de la planta que sufragaron en la noche del viernes en una de las urnas volantes. En El Siglo 16, El Tribuno 32 (sin contar los compañeros de rotativa), El Periódico 9, Tafí Viejo 19, Monteros 15, Concepción 42, Aguilares 83, Juan Bautista Alberdi 19, sede de la APT 69 y urnas volantes 93.

Ahora el cronograma electoral indica que el próximo 23 de julio la Junta Electoral debe remitir toda la documentación al Ministerio de Trabajo de la Nación para la oficialización de las nuevas autoridades, que asumirán el 10 de noviembre.

Los latifundistas de la comunicación

La abundante colección de manipulaciones y distorsiones informativas, en torno al conflicto del "campo", revela que lo que aparece como simpatía por la causa es en realidad solidaridad de clase entre los dueños del campo y los dueños de los medios, hermanados en su condición de captadores de renta extraordinaria. Por Alexis Oliva (*)

La judicialización de la protesta, tema principal del programa de Mariano Grondona; la Marcha de la Bronca, difundida en radio Cadena 3; Enrique Lacolla, desafectado de La Voz del Interior por criticar la posición del "campo"; el repentino interés por arrimarle micrófonos al "pueblo", manifestantes que -palabras más, palabras menos- siempre expresan: "¡Andate, montonera hija de puta!"; la indisimulada alusión a categorías como "piqueteros blancos" y "piqueteros negros", y los aprietes -desde ambos bandos- a los pocos que intentaron cubrir el conflicto con honestidad, son apenas algunas de las postales, cargadas de arbitrariedad e hipocresía, con que se va editando la película del conflicto Gobierno-agro en los medios masivos de comunicación.

Son episodios emergentes de la solidaridad de clase que cunde entre las grandes corporaciones periodísticas y las entidades empresariales del agro, en conflicto con el Gobierno por su política de retenciones móviles a las exportaciones de soja. Una sintonía que revela el estrecho parentesco entre sus intereses económicos, que en algunos casos convergen directamente en mega-eventos como la "Expo Agro" -organizada por Clarín, La Nación y La Voz del Interior-, y en general hermanados en la condición de capitales rentistas.

Desde hace varios años, el seminario de Economía Política y Medios Masivos de Comunicación, de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba, viene estudiando el modo de producción de las empresas periodísticas y cómo operan en el proceso de reproducción social, con investigación empírica en los medios de comunicación de Córdoba.

Una de las evidencias más generales en este espacio académico indica que el ingreso principal de los medios no proviene de la venta de sus productos -información, entretenimiento, etc.-, sino de "una mercancía que no producen", la que se ofrece en los espacios y tiempos publicitarios que alquilan a sus anunciantes. "En el mejor sentido de la palabra venden aire, espacio vacío, segundos de nada", explica en una ponencia el titular de este seminario, Miguel Haiquel (1).

Esto permite entender por qué las empresas de comunicación "son sumamente rentables y han sido las que han crecido de manera más pujante en los últimos años", señala el trabajo. Por supuesto, también cuentan con otro anunciante no empresario pero muy solvente: la clase política en permanente campaña electoral.

"En este sentido (el anunciante) se asimila al arrendatario que paga un alquiler por el uso de tierras sin laborar, es decir que lo que paga en realidad es una renta". Incluso, "al igual que en el uso de la naturaleza" existen "rentas relativas -que surgen de los diferentes alcances de los medios- que pueden razonarse como las distintas productividades del dinero invertido por las diferencias comparativas de las propiedades de los suelos", explica Haiquel.

En otras palabras, al igual que no genera la misma ganancia una hectárea en Río Cuarto que en Serrezuela, tampoco vale lo mismo el segundo de publicidad en Radio Cadena 3 que en la FM San Cayetano de Serrezuela.

Pero es el Estado -en manos de esa clase política que suele ser rehén de los medios- el verdadero dueño del espacio radioeléctrico que permite esta renta, lo que dimensiona el significado y el calibre de una concesión como fue el decreto 527, con el que Néstor Kirchner extendió en 2005 los plazos de las licencias de radiodifusión a los grandes grupos económicos (ver Un derecho humano pendiente http://www.prensared.com.ar/indexmain.php?lnk=3&mnu=101&idnota=4733).

El "valor" de la palabra

Este "aire de familia" entre la corporación mediática y el agro-empresariado tiene un necesario correlato en el "producto" de los medios, es decir, en sus contenidos periodísticos o línea editorial, porque la "reproducción social" del negocio necesita generar consensos a través del discurso.

Tal como los propietarios de los medios con sus primos del campo, la concentración de discurso se hermana con la concentración de la tierra, así como el desplazamiento de la frontera agropecuaria generado por la soja se emparenta con eso que definimos como "cerco informativo".

En su trabajo "La comunicación masiva en el proceso de liberación", Armand Mattelart afirma: "En la sociedad capitalista, el medio de comunicación tiene una función esencialmente desorganizadora y desmovilizadora de las clases dominadas. Neutraliza y desorganiza dichas clases en tanto clases (y, en cambio, afianza la solidaridad en torno a la clase dominante y sus intereses)". (2)

Además, Mattelart observa cómo esta lógica habitual se acrecienta en una coyuntura política adversa a los intereses de los medios, como ocurrió en Chile durante el gobierno de Salvador Allende, o como sucede ahora en Venezuela y Bolivia.
O bien, dicho por Ignacio Ramonet en un lenguaje acaso más actual, "los medios son el aparato ideológico de la globalización", actores a los que "no les interesa ser el cuarto poder, ni un contrapoder, sino que se unen al poder para oprimir a los ciudadanos". (3)

En este sentido, el prolongado conflicto entre el Gobierno nacional y las entidades del agro resulta ilustrativo de esta estrategia: los medios que habitualmente se dedican a entretener, despolitizar y predicar el individualismo, frente a un conflicto que puso en juego intereses propios y/o de aliados, repentinamente se ideologizaron y desplegaron una comunicación militante, amplificadora de la música tocada por el cuarteto de las patronales agropecuarias e imposible de desmentir por un Indec que desafina.

La reacción de los medios frente a aquellos cortes de ruta protagonizados por los desocupados, definidos como acciones "delictivas" que "avasallaban el derecho a circulación" del resto de los ciudadanos y llegaban a "poner en jaque el orden constitucional", contrasta con la visión romántica sobre los "históricos" piquetes sojeros que bloquearon y desabastecieron al país intermitentemente por casi cien días.

Hubo palabras estiradas hasta el límite del desgarro semántico: el conflicto era del "campo", por lo tanto sus actores eran "campesinos", de manera que no se trató de un lock out empresarial, sino de un "paro". "Guerra gaucha" (Crítica de la Argentina), "bronca campesina" (Canal 12), fueron algunos de los falaces titulares que nunca fueron corregidos, por decisión editorial y también porque el conocimiento sociológico es una herejía cada vez más censurada en las redacciones.

Incluso el calificativo de "histórico" contrastaba con un enfoque deshistorizador, que dejaba la sensación de que las luchas sociales en nuestro país habían comenzado con la resistencia a las retenciones a la soja.

Se sabe -desde la teoría y la práctica- que es posible manipular la información en los distintos niveles de producción periodística: en el plano informativo, interpretativo, de opinión y hasta en la búsqueda misma de datos, voces e imágenes.

Eso se observa habitualmente, pero en este caso algunos medios masivos han hecho eso que habitualmente condenan cuando acompaña causas populares: periodismo militante. Muchos comunicadores convocaron a participar en piquetes y cacerolazos, así como tiempo atrás oficiaron de "punteros mediáticos" de Juan Carlos Blumberg.
(El encabezamiento del comunicado de prensa del Movimiento Campesino de Córdoba, luego de la marcha donde unas mil personas marcharon por el centro de Córdoba el 17 de abril -Día Internacional de la Lucha Campesina- en reclamo contra los desalojos y por la regularización de títulos a las familias campesinas del norte, contiene un elocuente reproche: "Para todo el país y el mundo, para los que se desinforman cotidianamente con La Voz del Interior que censura a sus periodistas y eligen la realidad que difunden". Se referían a la ausencia de la noticia de la marcha y a la desafectación de Enrique Lacolla del diario más importante de Córdoba, luego del rechazo a una nota titulada "La sedición del campo").

Pero el rol de los medios ha ido más allá, al perpetrar una suerte de terrorismo, cuando algunos medios divulgaron el rumor de saqueos que, por citar el ejemplo de Córdoba, ocasionaron un abrupto cierre de comercios en todo el centro de la ciudad. Aquí sí hicieron gala de conocimiento de psicología social respecto a imaginarios y estados alterados colectivos: cualquier ciudadano argentino más o menos informado recuerda que la película que empieza con un saqueo termina con un helicóptero llevándose al Presidente.

Todo esto dio argumento al Gobierno para formular un fuerte cuestionamiento a los grandes medios de comunicación (4) e impulsar la idea de crear un observatorio de medios entre el Inadi, el Comfer y la Universidad Nacional de Buenos Aires, que había sido la creadora original de esta iniciativa obviamente rechazada por las grandes empresas periodísticas, que se expresan a través de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), institución que suele invocar la "libertad de prensa" cuando en realidad se trata de libertad de empresa.

La idea del observatorio no era tan oficial, ni tan original, ni para escandalizarse tanto. Desde que el propio Ramonet propuso el Observatorio Global de Medios en el Foro Social Mundial (Porto Alegre 2002) han proliferado en todo el mundo iniciativas similares que sólo intentan ampliar la conciencia y participación ciudadana para democratizar la comunicación. Obviamente, si un gobierno lo controla difícilmente cumpla con esa finalidad.

Además, la polémica medios-gobierno tuvo el saludable efecto colateral de reflotar la discusión por una nueva ley de radiodifusión que reemplace a la norma sancionada durante la dictadura militar. Una ley democrática que regule los servicios de comunicación es tan imprescindible para recuperar cultura como las juntas nacionales de granos y carnes para recuperar soberanía alimentaria.

Mientras tanto y más allá de las esperanzas o desconfianzas en esta ley, muchas organizaciones del otro campo, el campo popular, tienen un certero diagnóstico respecto a la manipulación y el "cerco informativo" que los discrimina, y han comenzado a andar el dificultoso camino de la construcción de medios propios.Es una tarea cargada de obstáculos y contradicciones, pero necesaria y posible porque cuenta también con una rica historia, iniciada en nuestro país con la Gazeta de Buenos Ayres, aquel periódico que fue concebido como una parte esencial del proyecto revolucionario de 1810.

Notas y referencias:
(1) Haiquel, Miguel Angel. "La Difusión Masiva y el Mercado", artículo incluido en el libro Globalización y Medios de Comunicación, publicado por el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, enero de 1999.
(2) Mattelart, Armand. "La comunicación masiva en el proceso de liberación", Editorial Siglo XXI, México, 1986.
(3) Ramonet, Ignacio. "Información y comunicación en la era de la globalización", ponencia para la Bienal Iberoamericana de Comunicación 2007, organizada por la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba, en septiembre de 2007. (www.prensared.com.ar – Red Capacitación).
(4) En la estrategia oficial de "mostrar las costuras" y desenmascarar a los medios en tanto actores económicos y políticos, Néstor Kirchner ha sido más astuto y certero que su esposa (quien en el primer capítulo del conflicto llegó a definir como "mensaje cuasi-mafioso" a una caricatura de Hermenegildo Sabat, desatando un masivo repudio). "Señor (Héctor) Magnetto, yo le pido que vea que su medio (Clarín) informe con claridad. Colocó 'represión' en Gualeguaychú y cuando pasó lo de Kosteki y Santillán, colocó que 'por la crisis murieron dos personas'", instó el titular del PJ en su conferencia de prensa del 17 de junio.


(*) Secretario de Prensa del Cispren

sábado, julio 12, 2008

Por una democracia efectiva

Fue presentada en Rosario la Carta Abierta por una Democracia efectiva plasmada en la redistribución de la riqueza. Quienes deseen adherirse, pueden hacerlo a través del mail: cartaabiertasf@gmail.com

Quienes firmamos esta carta, hombres y mujeres de la educación, la cultura y las ciencias de la Provincia de Santa Fe, ante los graves acontecimientos que vive la Nación nos vemos en la obligación de expresar:


Una perniciosa confusión se suscita cuando desmadrados reclamos corporativos impugnan legítimas decisiones del Estado, pensado como espacio integrador de un sinnúmero de intereses diversos. Los salvajes cortes de ruta que padecimos en estos últimos meses son la versión más grave de una tendencia conocida. Aferrarse a una demanda propia en demérito del destino colectivo, el de trabajadores, pequeños y medianos empresarios, comerciantes, desocupados, jubilados, excluidos, etc.- que fueron usados como medios en la extorsión a la que se somete al gobierno nacional.

La decisión de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de afectar una porción de la renta extraordinaria -que hoy recibe la producción agraria gracias a un contexto internacional imprevistamente favorable- como forma de administrar los precios internos, diversificar la estructura productiva y fortalecer el gasto social sólo puede impugnarse desde la visión sesgada y egoísta de un sector que no discute lo que gana (que es significativo) sino lo que podría ganar, en tanto y en cuanto todo indica que la demanda agregada de China e India, así como el negocio de los biocombustibles y la inversión especulativa en ‘commodities’, llegaron para quedarse. Gravar una renta extraordinaria obtenida de la explotación de recursos naturales no renovables que, como el suelo se desgasta, bajo la exclusiva lógica del lucro, comprometiendo las posibilidades alimentarias de las futuras generaciones de argentinos, es necesario, pero insuficiente.

Ciertamente la política agropecuaria del gobierno nacional ha sido hasta aquí deficiente. El avance de la sojización y los pools de siembra fue tolerado inexplicablemente y a condiciones macroeconómicas exitosas debieron incorporársele acciones sectoriales apuntadas por ejemplo a sostener tambos. De igual forma otras rentas extraordinarias deben afectarse si se aspira a profundizar la distribución del ingreso. La explotación de otros recursos naturales como minería e hidrocarburos, debieran también hacer su contribución a la equidad social y la integración nacional. En esa misma dirección consideramos igualmente indispensable modificar un sistema tributario regresivo, sustituyéndolo por otro que grave menos al consumo y al trabajo y más a la actividad financiera según el principio ‘el que más gana, más paga’ como es en los países desarrollados del mundo.

Es obvio que cualquier sector de la vida nacional tiene el derecho de peticionar o impugnar, sometiendo su reclamo a consideración de la autoridad política. Lo que resulta intolerable es la virulenta intransigencia que deslegitima tácitamente la institucionalidad vigente y toma de rehén al conjunto de los argentinos

Un párrafo aparte merece, en este conflicto, la situación de los trabajadores, formales e informales, activos o jubilados, víctimas propiciatorias de las medidas tomadas por estos sectores. Al compás de las cacerolas de una clase media consumista, el aumento de precios de alimentos y otros artículos de primera necesidad achicó nuestro salario y asistimos por primera vez desde el 2002 al retorno de las suspensiones de obreros industriales (de frigoríficos o automotrices) y empleados ( de estaciones de servicios o choferes).

Hasta que este conflicto se desató, los trabajadores estábamos discutiendo salarios contra inflación, reclamando por el blanqueo de quienes estaban en negro y de los montos salariales en negro. Reclamábamos por la movilidad de las jubilaciones y su actualización. Pero alguna vez los trabajadores, en nuestras luchas, hemos sometido al conjunto de la ciudadanía a tamaña penuria?

En el marco de este conflicto también se puede apreciar una disputa de la que participan además intereses del orden de las representaciones. Esta es también una “pulseada” por el lenguaje, donde una ética de la participación social se plantea la recuperación de la palabra pública, apropiada por los medios en una pragmática de la descalificación. Ese relato único del medio aparece como el lugar en que gran parte de los espectadores encuentra una modalidad de construcción de la verdad, creyendo que es la propia verdad.

En la producción del discurso de los medios, el énfasis en el “directo televisivo” y la predominancia de un relato único, construyen una ilusión referencial y de transparencia. Y sobre esa supuesta objetividad una parte de los espectadores, elige construir un verosímil por medio de la apropiación de ese relato televisivo, desde el cual enuncia su verdad.

No se puede negar, además, en relación con la propiedad y el negocio de los medios, que Argentina tiene que definir un estándar para su televisión abierta. Los medios, que en algunas circunstancias funcionaron como escenario de demandas sociales, en esta oportunidad se mostraron como parte interesada de una exigencia sectorial. Que el grupo Clarín, en particular, ejerza presiones para que se instale en el país la norma estadounidense para la digitalización y procure desactivar algunas propuestas contenidas en el proyecto de legislación sobre medios permite comprender mejor su participación en el conflicto.

Parece evidente entonces que la acción gubernamental no es repudiada por sus falencias sino por sus avances, que aún en sus insuficiencias corresponde ahora acompañar. En esta dirección, resulta manifiesto que bajo el manto de las retenciones móviles se cobijan ánimos revanchistas de la peor derecha que nunca toleró su decisión de juzgar a los genocidas de la última dictadura militar o la posición internacional autónoma del gobierno. En el contexto de una política continental que busca jaquear a quienes impugnan el ALCA en favor de la conformación de un bloque regional independiente, la reciente situación de nuestro país pone de relieve un aspecto que no es exclusivamente doméstico.

Dicho esto, señalemos que las medidas tan resistidas deben ser entonces complementadas y no combatidas, por cuanto bosquejan un camino correcto. Por todo lo expuesto hasta aquí, alentamos las posiciones que en el Congreso de la Nación sostienen el proyecto de ley que convalida las retenciones móviles así como otros proyectos de ley que se encaminan al logro de verdadera democracia sustantiva.

La Nación y la Provincia somos todos: vive en el campo y en la industria; en los conurbanos de las grandes ciudades y en la ciudadanía toda; en los hombres y mujeres del Pueblo que aún esperan las reparaciones que merecen y en la Constitución que expresa y resguarda la Soberanía Popular, que es imprescindible respetar para construír un país dónde la igualdad y la Justicia sean moneda corriente. Así debe crecer Santa Fe, en defensa de la redistribución de la riqueza y la igualdad de oportunidades.-


Para sumarse: cartaabiertasfe@gmail.com

Sigue la muela doliendo

El CISPREN señala que “la falta de concreción formal de una propuesta satisfactoria” por parte del sector patronal “desvía la negociación hacia ambientes de tensión no queridos”. Cuarto intermedio hasta el miércoles 16 del corriente, a las 15. Asambleas informativas.

En la audiencia celebrada el jueves en la delegación Córdoba del Ministerio de Trabajo de la Nación, el Cispren señaló que “la falta de concreción formal de una propuesta satisfactoria” por parte del sector patronal “desvía la negociación hacia ambientes de tensión no queridos”. Por ello, solicitó a la autoridad laboral que “requiera del sector patronal la concreción de un propuesta en autos que mejore las insuficientes iniciativas formuladas hasta el presente”.

Ante esto, la representación empresaria insistió en que sus propuestas informales son “compatibles con la realidad económica general” y “particular de cada una de las empresas”, soslayando que el rechazo del gremio se funda justamente en la distancia abismal de estas ofertas con la evolución del costo de vida.

En este sentido, el pedido original del Cispren estaba acompañado de un seguimiento de los precios de los distintos productos que integran la canasta básica. Finalmente, se dispuso un cuarto intermedio hasta el miércoles 16 del corriente, a las 15 horas.

Cronograma de asambleas

Para debatir el curso de acción a seguir y definir las pretensiones mínimas del conjunto gremio en relación a un eventual acuerdo, se llevarán a cabo asambleas informativas en los medios de comunicación de la provincia, con presencia de la conducción del sindicato, informadas a la autoridad laboral y según el siguiente cronograma:

Villa Dolores: viernes 11, a las 11 horas, en multimedio Cemdo. Río Cuarto: martes 15, a las 13 en LV16 Radio Río Cuarto, a las 17 en el diario Puntal, y a las 9 y 18 en Canal 13 Río Cuarto. San Francisco: martes 15, a las 18, en diario La Voz de San Justo. Córdoba Capital: martes 15, en Canal 8, diario La Voz del Interior, Canal 12, diario La Mañana de Córdoba, diario Hoy Día Córdoba, Propuesta Editorial, diario Día a Día y Multimedio SRT.

viernes, julio 11, 2008

Conflicto en el diario El Ciudadano

Los trabajadores del diario El Ciudadano & la Región informamos a la opinión pública que en la mañana de hoy (viernes 11/07/08) nos constituiremos en el Ministerio de Trabajo para denunciar algunas de las innumerables irregularidades de nuestra situación laboral, entre ellas la falta de pago de los meses de mayo y junio, además del aguinaldo correspondiente.

Estas irregularidades se vienen arrastrando con diversos matices relacionados con las condiciones de trabajo y la falta de aportes previsionales, cuota sindical y obra social, que alcanzaron un monto millonario en estos casi diez años de vida del diario.

Desde el inicio mismo de este medio de comunicación, los trabajadores hemos acompañado este proyecto. Hemos demostrado tolerancia para sostener nuestra fuente de trabajo y hemos contribuido a la existencia de otro canal de comunicación, aportando al ejercicio de los derechos de libre acceso a la información y libertad de expresión de la comunidad y a la pluralidad de voces, componentes indispensables para el funcionamiento de toda sociedad democrática más allá de los vaivenes empresariales.

A partir de los repetidos incumplimientos en los pagos salariales, la situación se ha tornado insostenible para las familias de los casi cien empleados de El Ciudadano. Por lo tanto, después de agotar diversas instancias de diálogo, nos hemos declarado en estado de alerta y movilización y asamblea permanente en vistas de sostener nuestra fuente de trabajo.

viernes, julio 04, 2008

Roban la placa de la plazoleta Rodolfo Walsh

El Foro de la Comunicación Santafesino(FOCOS-CTA) repudia el robo de la placa con que el municipio, a instancias de esta agrupación, homenajeó al periodista, escritor y militante desaparecido hace 31 años.

El 25 de marzo de este año, y después de siete años de aprobada la ordenanza que lo imponía, fue inaugurado el monolito de la plazoleta Rodolfo Walsh. En esa oportunidad, se realizó un acto en el que estuvieron presentes distintas organizaciones sociales, gremiales, y de Derechos Humanos junto a funcionarios municipales y provinciales.

Apenas poco más de tres meses estuvo en su lugar la plaza que decía: “La ciudad de Santa Fe en homenaje al periodista Rodolfo Walsh, a 31 años de su desaparición”.

Manos anónimas la extrajeron de su lugar. Desde FOCOS —a instancia de quien se cumplió con la ordenanza del año 2001— repudiamos la acción e instamos al Municipio a encontrar a los responsables y restituir el homenaje al periodista, escritor y militante.