Confirman despidos en Canal 9

El Grupo dueño de Canal 9 confirmó los cinco despidos. Los trabajadores y la UTPBA no se resignan. Hubo acciones temerarias, brutales y salvajes.

Las periodistas Verónica Lázaro y Carina Álvarez debieron ser internadas el pasado miércoles 9 al sufrir ambas una fuerte descompensación producto del hacinamiento al que fueron sometidas junto a sus colegas despedidos Matías Castro, Laura Mayocchi y Hernán Sinaj, -además de delegados de otros canales e integrantes de la UTPBA- por parte de los actuales licenciatarios de Canal 9 durante 48 horas en la sede de la emisora, donde se encontraban en plena lucha por su reincorporación.

En tanto, el Ministerio de Trabajo, en una actitud repudiada por los trabajadores, mantenía una bochornosa pasividad, al no adoptar ningún tipo de medida ante las constantes denuncias realizadas por los comunicadores, sus delegados y la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires.

Horas antes otro de los colegas, Hernán Sinaj, debió ser internado en el Hospital Fernández, dado que todos ellos, sufrieron del encierro al que el empresario, Remigio Ángel González González, indicó que se los sometiera.

La medida salvaje comenzó a las 13:00 del pasado lunes 7, cuando los trabajadores ingresaron al edificio a cumplir con sus tareas habituales y la empresa decidió, ya dentro de la planta a la que ingresaron sin dificultades, no darles trabajo, mientras se los forzaba a salir.

A partir de allí la patronal de Canal 9 resolvió la inhumana medida de dejarlos sin agua, sin baños, sin comida, sin refrigeración, mientras personal de seguridad los intimaba permanentemente a abandonar la lucha.

No obstante esta actitud represiva de la empresa –que dejaba ver condiciones de impunidad absolutas- los cinco periodistas permanecieron en la emisora hasta la tarde del pasado miércoles 9, cuando un cuadro de salud visiblemente deteriorado obligó a que fueran internados en observación. En momentos en que se producía esta situación representantes de la redacción de Canal 9 iban a transmitirles la decisión de una asamblea de solicitarles que abandonaran el lugar preocupados por su salud.

Esta gravísimo episodio ocurrido entre el lunes y el miércoles remite, desde lo político no desde lo técnico- legal, a la situación vivida por esos cinco periodistas a partir del 1 de diciembre pasado, cuando fueran despedidos por el grupo estadounidense-mexicano, provocando un paro del personal del noticiero que obligó al Ministerio de Trabajo a dictar la Conciliación Obligatoria, retrotrayéndose todo al momento anterior al conflicto.

Concluida esta etapa de Conciliación –durante la cual los cinco periodistas realizaron una vigilia diaria en las puertas del canal dado que la patronal incumplió con esa resolución ministerial- y no habiendo recibido ninguno de los trabajadores de prensa afectados comunicación alguna se hicieron presentes en su lugar de trabajo, al que ingresaron normalmente. Tras ello se registró la repudiable acción empresaria que se mencionó.

Ni durante el período de la Conciliación Obligatoria ni en el conflicto iniciado el lunes la patronal modificó su postura, que incluía su negativa a negociar. Por el contrario, las actitudes intimidatorias del personal de seguridad y las salvajes acciones destinadas a amedrentar la voluntad de lucha de los compañeros se incrementaron y perfeccionaron frente a al silencio y pasividad del Ministerio de Trabajo, que ampliaron los márgenes de impunidad con que se movió este grupo mediático multinacional.

La digna y ejemplar resistencia llevada a cabo por los periodistas, cuya condición de despedidos les fuera informada por la empresa recién cuando ellos ya iban por su segundo día de estar privados de derechos humanos elementales, junto con compañeros y delegados del resto de los canales y la UTPBA, no concluyó con el traslado a un centro de atención, porque el objetivo del reclamo sigue vigente: por la reincorporación de los cinco periodistas y la preservación de cada puesto de trabajo.